Aprobó hoy una reforma que refuerza el sistema penal del Vaticano sobre delitos a menores de edad, venta de niños; prostitución, violencia sexual y actos sexuales contra menores, así como pornografía infantil.

Las normas se refieren a delitos cometidos en la ciudad del Vaticano o en oficinas de la Curia, según informaron las agencias ANSA y EFE.

La reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano contempla, entre otras medidas, la introducción del delito de tortura y una amplia y mayor definición de los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso de menores.
Cuando asucmió dijo que actuaría "con decisión" contra los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica
Con esta reforma, aprobada a través de un "motu proprio" (documento papal), el papa argentino Jorge Bergoglio continúa con la puesta al día del ordenamiento jurídico en la línea ya comenzada en 2010 por el papa Benedicto XVI, según informó hoy el Vaticano.

Apenas asumió el pontificado, hace 4 meses, Francisco había dicho que actuaría "con decisión" contra los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, siguiendo la misma línea de "tolerancia cero" de su predecesor.

Con la reforma anunciada hoy, que afectará también a los nuncios y al personal diplomático de la Santa Sede, Francisco pretende adecuar la legislación vaticana a la legislación internacional, también en materia de lucha contra la criminalidad internacional, el lavado de dinero y el terrorismo.

Entre otras medidas, Francisco también incluyó en la normativa el delito contra la humanidad, el genocidio y el "apartheid", así como normas más duras contra la corrupción.

Asimismo abolió la condena a cadena perpetua y la sustituyó por penas que van de los 30 a los 35 años.

Al explicar la reforma, el secretario de Estado de la Santa Sede, el arzobispo Dominique Mamberti, dijo que las leyes aprobadas representan una "intervención normativa de largo alcance" y desarrollan también las adoptadas por Benedicto XVI a partir de 2010 sobre la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Mamberti precisó que a pesar de los cambios de muchas normas "no sería correcto" afirmar que las conductas en ellas sancionadas fueran hasta ahora penalmente lícitas, "ya que de hecho se castigaban".

El arzobispo francés añadió que la introducción de las nuevas disposiciones "sirve para identificar con mayor certeza y definición los casos delictivos y cumplir, así, con las normas internacionales, ajustando las sanciones a la específica gravedad de los hechos".