El Parlamento catalán aprobó una ley pionera contra la homofobia
La norma establece un régimen sancionador y el giro de la carga de la prueba como garantía de que las denuncias se puedan realizar.
El derechista Partido Popular (PP) fue la única fuerza que se opuso de forma frontal a la totalidad de la ley, al considerar que “no es necesaria”, mientras los democristianos se sumaron al voto en contra en algunos puntos considerados polémicos.
El resto de partidos catalanes –independentistas, socialistas, ecosocialistas, nacionalistas y Ciutadans- apoyaron de forma entusiasta la norma, que era un reclamo histórico del movimiento de los derechos de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB).
En España, durante la época franquista y los años posteriores, la condición de homosexual podía llevar a una persona a la cárcel.
Hasta el año 78, hace poco más de tres décadas, la ley española consideraba que los homosexuales eran personas “enfermas” y “peligrosas”, que debían ser sancionadas y enviadas a centros de “reeducación”.
Con la aprobación de la Constitución española aquellas leyes quedaron enterradas pero no así las prácticas homofóbicas.
Durante la defensa de la ley, varios diputados recordaron a la transexual Sònia Rescalvo Zafra, asesinada a golpes por un grupo neonazi en 1991, un hecho que marcó un hito en la defensa de los derechos de la comunidad gay.
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos de Odio de Cataluña, se presenta un caso de homofobia al día, recordó hoy el diputado David Fernández, del partido alternativo independentista la CUP.
“Siento rabia cuando oigo a alguien decir que esta ley no hacía falta, después de años de discriminación", subrayó emocionado el diputado y líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, uno de los primeros políticos españoles en hablar abiertamente sobre su homosexualidad.
“¡Miren la tribuna!, este no es un grupo que trabaja en la oscuridad para obtener intereses ilegítimos. Es un grupo que trabaja en defensa de unos derechos que son de todos”, añadió, frente a las críticas al mal llamado “Lobby gay” y frente a representantes de esta comunidad, que estuvieron presentes en el parlamento catalán.
"A veces la vida política nos concede días de gloria, con la aprobación de leyes que permiten hacer una sociedad más libre e igualitaria”, remarcó Iceta entre aplausos.
Por su parte, Anna Simó, diputada de la formación independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), destacó la “modernidad” de la ley y señaló que Cataluña da un paso hacia delante en términos de derechos.
“Sin régimen sancionador, esta ley sería una mera declaración de intenciones. Se trata de un régimen disuasorio”, aseguró.
Precisamente, los puntos más polémicos de la norma han sido el establecimiento del régimen de sanciones y la imposición inversa de la carga de la prueba, es decir, que el acusado de homofobia es el que tiene que demostrar su inocencia.
Al votar, los diputados democristianos, que también rechazaron las medidas adoptadas en el ámbito educativo, rompieron la disciplina de voto dentro del partido nacionalistas Convergencia i Unió (CiU), el partido del presidente catalán Artur Mas.
No obstante, la diputada de este grupo, Violant Cervera, se mostró satisfecha con la aprobación de la ley: "Seremos un país normal cuando respetemos el valor por la diversidad sexual", subrayó.
La ley tiene como objetivo garantizar los derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, erradicar las situaciones de discriminación y violencia y facilitarles la participación y la representación en todos los ámbitos de la vida social.
Entre otros puntos, protege la integridad, la dignidad y la libertad de estas personas; crea el consejo nacional de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales como órgano consultivo de las administraciones; y un órgano para coordinar la ejecución de las políticas dirigidas al colectivo. También un servicio de atención integral para responder a situaciones de violencia y discriminación.
Por otro lado, se potencian las políticas de lucha contra la discriminación en las escuelas mediante, por ejemplo, la regulación de los libros escolares para que tengan en cuenta las diversas orientaciones sexuales.
"¿Tiene sentido en el siglo XXI una ley para proteger a la comunidad gay? Nosotros pensamos que sí", concluyó la diputada Inés Arrimadas, de Ciutadans.