Dentro de un paquete de medidas para frenar la criminalidad juvenil, el Consejo de Ministros italiano analiza la posibilidad de penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la escolarización obligatoria

El proyecto también incluye la prohibición de uso de teléfonos celulares a menores a partir de 14 años que hayan sido condenados. "Quien, investido de autoridad o encargado de la tutela de un menor, no imparta o haga impartir la enseñanza obligatoria, sin justa causa, será castigado con pena de prisión de hasta dos años", señaló el texto.