Facundo Jones Huala, un activista mapuche, se encuentra en un proceso de alta hospitalaria y, una vez que reciba el alta, deberá abandonar Chile de inmediato. Su familia ha manifestado su intención de regresar a la comunidad de la que proviene, ubicada en Argentina, tras la decisión del gobierno de Gabriel Boric de ordenar su expulsión del país.

El viernes pasado, la Corte Suprema de Chile decidió liberar a Jones Huala, argumentando que había estado "ilegalmente privado de su libertad". La Justicia chilena determinó que el tiempo de su condena había concluido, considerando el período de su extradición desde Argentina, que había culminado el 14 de junio del presente año.

El fallo de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa del activista, y se ordenó su liberación inmediata. Jones Huala había sido condenado por delitos de incendio y porte ilegal de arma de fuego, ocurridos en 2013 en Chile.

A pesar de su liberación, Jones Huala fue hospitalizado tras una prolongada huelga de hambre, situación que resultó en una pérdida significativa de peso y un estado de salud deteriorado. Hasta el lunes, se encontraba bajo cuidados médicos, conectado a un suero y recibiendo alimentos blandos.

Una vez que fue dado de alta, Jones Huala ya no contaba con grilletes ni custodia, lo que le permitió recuperar su libertad. Sus abogados, Eduardo Soares y Franquet, confirmaron que le fue notificada la orden de expulsión de Chile. Como ciudadano argentino, de 38 años y originario de Bariloche, se espera que no enfrente problemas para ingresar a su país. La orden de expulsión había sido emitida el 15 de julio, pero se hizo efectiva tras su liberación, notificándosele mientras estaba internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, una zona notable por su conflicto histórico con la comunidad mapuche.

El contexto político actual presenta un panorama diferente para Jones Huala en comparación con su anterior rol como líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Durante el periodo del kirchnerismo, él era una figura activa en protestas y ocupaciones de tierras. Sin embargo, en este momento, su liderazgo ha disminuido dentro de su comunidad, y el gobierno está bajo la dirección de Javier Milei, quien ha implementado políticas de seguridad más estrictas en relación con las ocupaciones de tierras en la Patagonia, incluidas aquellas por parte de grupos autodenominados mapuches.

De acuerdo con la decisión del tribunal, la Corte Suprema de Chile señaló que, a pesar de las discrepancias sobre el momento de finalización de la condena de Jones Huala, el cumplimiento de la misma en territorio chileno era viable, dado que se había autorizado su extradición desde Argentina. La Corte especificó que el saldo de la condena que debía cumplir era de un año, cuatro meses y 17 días, de los cuales se debían descontar 11 meses y 5 días por el tiempo que estuvo encarcelado en Argentina durante la tramitación de la extradición. Como resultado, el tiempo restante que debe cumplir es de 5 meses y 12 días, equivalentes a 162 días.

Asimismo, la Corte sostuvo que la prolongación de la privación de libertad de Jones Huala excedía el tiempo estipulado por el Estado chileno, y que desconocerlo constituiría un incumplimiento a tratados internacionales, además de ser considerado ilegal dentro del marco legal chileno.

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