El detenido ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue acusado formalmente como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mientras sus padres y familiares afirmaron hoy que irán a buscarlos en todos los cuarteles, no sólo a los del estado de Guerrero, luego que el gobierno de México autorizara su ingreso a instalaciones militares, aunque negó cualquier implicación castrense en esos hechos.

Sin embargo, los familiares de los secuestrados acusan al general de división Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, de haber ordenado a elementos del 27 batallón de infantería con sede en Iguala que no interviniesen ante las agresiones que sufrieron los estudiantes normalistas durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre pasado.

Además, el alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza, localidad vecina a Iguala y con policías que están detenidos por aquellos hechos, afirmó en declaraciones a la Justicia que el general Saavedra fue el que recomendó a dos jefes y un subjefe de seguridad de ese municipio, uno de ellos, el teniente Tomás Biviano Gallegos, "ejecutado" por sicarios en 2012, y su sucesor en el cargo, el mayor Salvador Bravo Bárcenas, preso por sus presuntos vínculos con el secuestro y desaparición de los estudiantes.

Un tercer ex militar, César Nava, subdirector de Seguridad Pública de ese ayuntamiento también recomendado por Saavedra, está en prisión y sujeto a proceso penal por los mismos hechos, reportó el diario mexicano La Jornada a fines de diciembre.

Al declarar por segunda ocasión ante fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido), el alcalde Peñaloza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también aseguró que los ex militares responsables de las fuerzas policiales de Cocula "actuaban de manera unilateral, sin que rindieran cuentas de sus acciones o de sus operativos".

Sin embargo, el jefe de la agencia de investigación criminal de la procuraduría, Tomás Zerón, afirmó hoy, después de la reunión de ayer martes con los familiares, que 385 personas, entre ellas 36 militares, han sido interrogados como parte de las investigaciones.
"De ninguna declaración que se ha obtenido en la procuraduría se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del Gobierno Federal haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes", afirmó.

Por otra parte, los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Velez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), desmontaron el pasado 10 de diciembre, con argumentos técnicos, la versión de la Procuradoría General de la República (PGR) que afirmaba que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula.

A juicio de los investigadores, no sería posible la incineración tan total de los cuerpos si no se contase con hornos crematorios. Por eso orientaron la indagatoria al Ejército, con crematorios modernos o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue.

Aunque las autoridades han rechazado que militares o policías federales estuvieran involucrados en las desapariciones la PGR informó que se permitirá a los padres visitar los cuarteles para constatar que no están ahí.

Hasta ahora sólo se han encontrado los restos de uno de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal (del magisterio) de Ayotzinapa detenidos el 26 de septiembre por policías municipales de la sureña ciudad de Iguala y Cocula, supuestamente entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado, según testigos de ese grupo criminal.

La Procuraduría informó en un comunicado que los familiares pidieron ingresar a instalaciones militares e indicó que los cuarteles "están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a las nuestras instituciones".

Para ello, los familiares tendrán que informar antes la fecha y hora de su visita a los cuarteles. De esta forma, las autoridades quieren evitar que se susciten nuevos incidentes violentos frente a instalaciones militares, como los ocurridos el lunes último.

En tanto, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, hasta ahora sólo acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en 2013, ahora fue también enjuiciado por los sucesos del 26 y 27 de septiembre.

Según los fiscales, Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, también detenida, fueron los autores intelectuales del ataque perpetrado contra los estudiantes, que dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, en una tragedia de repercusión mundial y que mantiene golpeada la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

El caso Ayotzinapa destapó otras muertes y desapariciones ocurridas en los últimos años en la zona de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital. Como parte de las investigaciones se han hallado los cadáveres de otras 30 personas, de las cuales por ahora sólo 12 han sido identificadas. Cinco policías municipales enfrentan órdenes de aprehensión por estas muertes.