Además, el Ministerio Público denunció por asociación criminal y lavado de dinero al ex director del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.

La imputación a Collor de Mello fue realizada por el contrabandista Alberto Yousseff, eje de la red de corrupción y lavado de dinero en Petrobras, en el contexto de un acuerdo para que se le reduzca la pena que le corresponde por sus delitos, publicó el diario Folha de S. Paulo.

Collor de Mello -mandatario electo en 1990 que renunció en 1992 para evitar un juicio político abierto por el Congreso, que lo acusaba de corrupción, y actual senador del Partido Laborista Brasileño (PTB) por el estado Alagoas- negó veracidad a la acusación, indicó su oficina de prensa.

El ex jefe del Estado apareció involucrado en la declaración de Yousseff ante los fiscales del estado sureño Paraná que llevan adelante la investigación del caso Petrobras.

De acuerdo con el periódico, el soborno a Collor de Mello fue pagado como consecuencia de un acuerdo entre una red de estaciones de servicio del estado San Pablo y la empresa BR Distribuidora, subsidiaria de Petrobras.

Según esa versión, el mediador entre las empresas y el ex mandatario fue el consultor Pedro Paulo Leoni, quien fuera ministro de Asuntos Estratégicos de Collor de Mello, y el dinero para éste fue recaudado en efectivo en estaciones de servicio de San Pablo y pagado en tres cuotas.

Por el caso del multimillonario desvío de fondos de Petrobras para financiar campañas electorales del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante y pagar sobornos a legisladores están detenidos, entre otros, tres ex altos ejecutivos de la compañía.

En ese marco, el Ministerio Público elevó a la Justicia una denuncia por asociación criminal y lavado de dinero contra el ex director del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, en el marco de las investigaciones sobre corrupción en la mayor empresa del país.

Según se confirmó hoy, la denuncia presentada ayer en la sureña ciudad de Curitiba al juez federal Sergio Moro también afecta al lobista Fernando Soares, apuntado como uno de los operadores del esquema que desviaba dinero de Petrobras para pagar sobornos a funcionarios y para financiar partidos políticos.

La denuncia también afecta al abogado uruguayo Oscar Algorta, quien, según la Fiscalía, adquirió en nombre de la empresa offshore uruguaya Jolmey un departamento de lujo en Río de Janeiro, usando dinero obtenido a través de corrupción por Cerveró, quien sería el verdadero propietario del inmueble.

El Ministerio Público pidió además a Moro la confiscación del departamento -ubicado en el elegante barrio carioca de Ipanema- y del dinero depositado en nombre de la empresa Jolmey, así como la imposición de una multa de 7,5 millones de reales (unos 2,6 millones de dólares) a los tres denunciados.

Cerveró, detenido desde enero pasado, es el tercer ex director de Petrobras arrestado desde marzo de 2014, en el marco de las investigaciones de la Policía Federal sobre un supuesto esquema de corrupción que habría operado en la empresa entre 2004 y 2012, y que desvió en torno a 3.700 millones de dólares. Además de Cerveró, fueron detenidos otros dos ex directores de la petrolera, Paulo Roberto Costa y Ricardo Duque.

Costa firmó con el Ministerio Público un acuerdo de delación premiada, mediante el cual reveló detalles sobre el esquema de corrupción a cambio de una reducción de su condena.

Según transcripciones divulgadas por la Justicia de Curitiba, Costa informó que el tres por ciento del valor de todos los contratos firmados por Petrobras entre 2004 y 2012 fueron desviados para pagar sobornos a funcionarios de la empresa y para financiar a aliados políticos del gobierno, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Pese a que la mayoría de las informaciones suministradas por Costa sigue en secreto, la prensa asegura que, entre los denunciados por el ex funcionario, estarían alrededor de 28 políticos, casi todos oficialistas.

El escándalo en Petrobras también será investigado por la Cámara baja, que aprobó este mes la instalación de una comisión parlamentaria para profundizar las investigaciones legislativas realizadas el año pasado sobre el tema.