Desde el 2002 a la fecha, la Argentina fue demandada casi medio centenar de veces en el Ciadi, especialmente por compañías extranjeras de servicios públicos que vieron perjudicadas sus inversiones en el país por un congelamiento tarifario aplicado tras la crisis económica de fines de 2001, señaló por Continental el ingeniero Jorge Lapeña, ex secretario de Energía del Gobierno de Raúl Alfonsín.

En su momento, eso llevó a que la Argentina fuera el país con más casos abiertos ante el organismo. Hoy representa menos del 10% del total de causas que tramita el Ciadi, según datos oficiales.

En total, por estos días, hay 24 causas que aguardan por una resolución que, en conjunto, suman más de 20 mil millones de dólares, según publica un matutino porteño.

A su vez, en dos casos, el Ciadi fijó la sentencia, pero el Gobierno no cumplió con los pagos ordenados, añade el periódico.

Por otro lado, en mayo último, Estados Unidos suspendió unas preferencias arancelarias que beneficiaban a las importaciones desde la Argentina porque Buenos Aires se ha negado a cumplir con sentencias del Ciadi.

En tanto, la expropiación de YPF también desató duros cuestionamientos de la Unión Europea y de la comunidad financiera internacional, que es crítica a las políticas intervencionistas que lleva adelante la presidente Cristina Kirchner.

Ayer, la petrolera española realizó una presentación ante el tribunal del Banco Mundial por la presunta violación del acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre el gobierno nacional y el europeo.

La demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no incluye el monto de la compensación exigida por Repsol, que será detallada en una instancia posterior del proceso.

No obstante, se sabe que la petrolera valoró en unos u$s10.000 millones su participación del 51% en YPF que el gobierno argentino expropió en mayo pasado afirmando que el grupo español no invirtió lo necesario para evitar el declive de la producción de la mayor petrolera del país.