La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una feroz represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, con "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes". 

El informe de la CIDH, publicado tres días antes de la investidura de Maduro para su tercer mandato, señala que el gobierno no sólo "ejecutó prácticas de terrorismo de Estado" sino que también "implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder". Detalla violaciones de derechos humanos antes, durante y después de las elecciones, con especial énfasis en la "Operación Tun Tun" como respuesta a 300 manifestaciones por "la percepción de fraude". 

Las tácticas utilizadas incluyeron "detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes".

La Comisión concluyó que la crisis política y situación de derechos humanos son "resultado de la cooptación total de las instituciones estatales" para mantenerse en el poder, y que "la reelección de Nicolás Maduro" carece de legitimidad democrática. Sin embargo, Maduro espera asumir nuevamente la presidencia el 10 de enero, aunque se denuncia que "no ha presentado las actas de votación" respaldando los resultados. 

La CIDH llamó a la comunidad internacional a "reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela" y solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentar "un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad".