La corrupción sigue siendo un reto para la Unión Europea, afecta a todos los Estados miembros y cuesta a la economía de este bloque regional unos 120.000 millones de euros al año, concluyó el primer informe sobre la lucha contra este flagelo presentado por la Comisión Europea.

 

Si bien reconoció que "los Estados miembros han adoptado muchas iniciativas en estos últimos años", el análisis afirmó que "los resultados son desiguales y debe hacerse más para prevenir y castigar la corrupción".

 

El informe puso de manifiesto que "la corrupción merece mayor atención en todos los Estados miembros".

 

Así lo indican los resultados de una encuesta de Eurobarómetro sobre la actitud de los europeos en relación con la corrupción.

 

El relevamiento muestra que tres cuartas partes de los europeos, 76 por ciento, creen que la corrupción está muy extendida, y más de la mitad, un 56 por ciento, estima que el nivel de corrupción en su país ha aumentado durante los tres últimos años.

 

Asimismo, uno de cada doce europeos afirmó que ha vivido o presenciado un caso de corrupción en el último año.

 

"La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, daña la economía europea y priva a los Estados de unos ingresos fiscales muy necesarios", indicó el informe, que destacó que "los Estados miembros han hecho mucho estos últimos años para combatir la corrupción, pero no es suficiente".

 

De acuerdo al análisis, algunas de las principales tendencias de la corrupción en la UE son "los controles internos de los procedimientos de los entes públicos, que son débiles y carecen de coordinación".

 

También "los mecanismos de control de las declaraciones de conflicto de intereses que son a menudo insuficientes", y asimismo "raramente se sancionan, y con poco rigor, las vulneraciones de las normas".

 

Además, el informe señaló que "faltan estadísticas generales sobre los delitos de corrupción en la mayoría de los Estados miembros, lo que dificulta la comparación y evaluación".

 

Asimismo puso de relieve que "las normas procesales, incluido el levantamiento de la inmunidad de los políticos, obstruyen la investigación de los casos de corrupción en algunos Estados miembros".

 

También afirmó que "la integridad en la política sigue siendo una asignatura para muchos Estados miembros", y precisó que "escasean o son de corto alcance, por ejemplo, los códigos de conducta de los partidos políticos o asambleas elegidas a nivel central o local".

"Aunque muchos Estados miembros han adoptado medidas más rigurosas sobre la financiación de los partidos políticos, sigue habiendo considerables deficiencias. Raramente se imponen en la UE sanciones disuasorias de la financiación ilegal de los partidos", aseguró el relevamiento.

 

Puntualizó que "el desarrollo urbano, la construcción y la sanidad son sectores vulnerables a la corrupción en numerosos Estados miembros".

 

Subrayó que "existen algunas deficiencias en la supervisión de las empresas estatales, que acrecientan la vulnerabilidad a la corrupción".

 

El informe incluye un capítulo especial sobre la contratación pública.

 

Allí precisó que se trata de un área "muy importante para la economía de la UE, en el que los organismos públicos gastan cada año aproximadamente la quinta parte del PIB del bloque en la adquisición de bienes, obras y servicios", y aseguró que "es también un sector propenso a la corrupción".

 

Como conclusión, el reporte reclamó "normas de integridad más rigurosas en el ámbito de la contratación pública", y recomendó "mejoras de los mecanismos de control en algunos Estados miembros"