La audiencia será específicamente para tratar el caso que Argentina tiene contra el fondo buitre Elliot, de Paul Singer -casualmente uno de los dueños de la empresa incendiada en la tragedia de Barracas, Iron Mountain-, que es uno de los fondos que reclaman por US$ 1.300 millones. Además, es el responsable del embargo de la Fragata Libertad, en 2012.

Sin embargo, el tribunal habría advertido a los abogados contratados por la Unidad de Renegociación de la Deuda -comandada por Hernán Lorenzino- que escucharía argumentos sobre el caso de fondo. De esta forma, Argentina podrá presentar toda su postura respecto de los juicios en los que fondos buitre y holdouts han vencido al país en primera y segunda instancia, para que la Corte decida si toma o no el caso.

De prosperar la estrategia, el equipo comandado por el abogado republicano -y ex procurador de EEUU- Paul Clement, habrá ganado tiempo para que avance la otra vía: la negociación. La apuesta a la dilación permite avanzar en negociaciones con Repsol, el Club de Paris y a su vez con otros fondos buitre, a fin de garantizar que la posición argentina esté más solida cuando llegue la resolución judicial (si toma el caso, tardaría al menos dos meses más, hasta junio al menos).