Finalmente, el gobierno de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, consumó la farsa electoral en Nicaragua. Una victoria sin atenuantes ni adversarios. No porque no hubiera candidatos opositores, sino porque la mayoría terminó presa e inhibida antes de las presidenciales con el pretexto de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”. Argucia hecha ley por la Asamblea Nacional a finales de 2020, de modo de aceitarle el terreno a Ortega para su quinto mandato, el cuarto consecutivo. La oposición quedó bloqueada como en las anteriores, las de 2016. Entonces, por la Corte Suprema.