Japón ya no podrá cazar ballenas en el océano Antártico, al menos de manera legal. Así lo ha ordenado la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al estimar que Tokio lleva a cabo una actividad comercial  que la hace pasar por científica.

"Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones y licencias concedidos en el marco de [el programa de investigación] Jarpa II y abstenerse de conceder cualquier nuevo permiso en virtud de este programa", declaró el juez Peter Tomka durante una audiencia en el Palacio de la Paz de La Haya.

La resolución ha sido un duro golpe para Tokio, que siempre ha defendido la cacería de ballenas con el argumento de que sólo trata de estudiarlas. Sin embargo, también ha reconocido que la mayoría de la carne producto de la pesca termina en los platos de comida de los japoneses.

Ante la evidente fragilidad del argumento japonés, la CIJ, el mayor órgano judicial de la ONU, aceptó una demanda presentada en 2010 por Australia. Sidney acusa a Tokio de explotar con el programa Jarpa II un vacío legal en la prohibición de 1986 de la caza de ballenas con fines comerciales, pero que autoriza la práctica con fines científicos.

Desde 1988,  Japón ha cazado más de 10.000 ballenas con este programa.

Noruega e Irlanda tienen programas comerciales con las ballenas a pesar de la moratoria de 1986 de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).