Un informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela ha señalado que la represión llevada a cabo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 se alinea con patrones de conductas previamente caracterizados como “crímenes de lesa humanidad”. Este resumen fue divulgado el martes.

El documento abarca un período de un año, pero la Misión ha puesto un énfasis particular en los eventos ocurridos tras el 28 de julio, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones. Esta declaración fue controvertida, ya que no se presentaron los resultados desagregados por centro y mesa de votación, tal como lo estipulan las leyes electorales. La oposición sostiene que ha recopilado el 83,50% de las actas oficiales que favorecen al candidato Edmundo González Urrutia, publicando estos resultados poco después de los comicios.

En su informe, la Misión expresó su preocupación ante el deterioro de la legalidad tras la crisis postelectoral, señalando que las apariencias de legalidad, que ya eran escasas, desaparecieron casi por completo y advirtiendo sobre el alto riesgo de desintegración del estado de derecho.

La Misión también documentó que la estructura represiva del Estado se reactivó después de haber permanecido como “una amenaza latente” en reportes anteriores. Se observó un incremento en el sistema de acoso y represión violenta contra individuos opositores o percibidos como tales, instigado por altos funcionarios políticos y militares del Gobierno, incluyendo al presidente Maduro, quien realizó declaraciones públicas amenazantes.

Este contexto de represión ha conducido a graves violaciones de derechos humanos y otros delitos, entre los que se incluyen muertes durante protestas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, así como actos de tortura y violencia sexual. Según cifras recientes, las protestas resultaron en al menos 27 fallecimientos y cientos de heridos. El fiscal general Tarek William Saab ha responsabilizado a los líderes opositores por estos eventos, alegando que fueron ellos quienes instigaron la violencia.

En agosto, un panel de expertos que estuvo en Venezuela desde finales de junio presentó un informe preliminar donde documentó decenas de homicidios y miles de detenciones. El Gobierno descalificó este informe como un “acto de propaganda”. Además, la ONU y otras organizaciones multilaterales han instado al Gobierno venezolano a liberar a los detenidos y a cesar la represión contra opositores políticos. Exjefes de Estado y Gobierno han presentado ante la Corte Penal Internacional un informe que señala la existencia de una “dictadura militar represora” en el país.

La Misión ha determinado que los crímenes recientes fueron cometidos intencionalmente, y que tanto los autores materiales como intelectuales estaban al tanto y participaron en un ataque sistemático contra civiles para silenciar a la oposición. En una entrevista con CNN el 11 de septiembre, el fiscal general rechazó varias acusaciones de violaciones de derechos humanos, calificándolas de provenientes de organizaciones con “doble moral”.

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, que se ocupa de estos temas desde 2014. La Corte Penal Internacional también está llevando a cabo investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país, aunque hasta la fecha, no se han presentado acusaciones formales contra el Gobierno ni sus funcionarios.