El mayor ajuste económico anunciado en España desde el inicio de la era democrática en 1978, ha colocado al país europeo en la antesala de un pedido de rescate ´a la griega´ y frente a una crisis social que puede pasar a ser política.

Las distintas medidas de recortes al gasto público anunciadas esta semana por el ministro de Economía, Luis de Guindos, tienen como punto en común el de empujar la economía hacia una mayor recesión lo cual, a juicio de los analistas, hace inútil el "paquetazo".

Este es también el punto de vista del presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, quien consideró que España debería pedir el rescate económico completo a la Unión Europea (UE), y no sólo la recapitalización de sus bancos.

Al igual que el banco de inversión Goldman Sachs, Weidman cree que el problema de los bancos y de la deuda soberana española obligarán a Madrid, más temprano que tarde, a requerir a Bruselas el mismo tratamiento recibido por Grecia, Irlanda y Portugal.

"Los balances de los bancos son también un reflejo de toda la economía", afirmó Weidmann.

Goldman Sachs, por su parte, que pronostica una caída del PBI español del 1,4% este año y del 1,3% en 2012, señaló que el problema de España "no es tanto de deuda pública, sino un marcado problema de deuda externa" que afecta a la banca y a la economía en general.

Pero resulta difícil explicar qué alivio podría traer a España un rescate en regla por parte de Bruselas, a la vista de las draconianas medidas anunciadas por Madrid ayer y el jueves, bajo la presión alemana y europea a cambio de ayudar a recapitalizar a los bancos hispanos.

Lo que comenzó en junio como un anuncio de auxilio de hasta 100.000 millones de euros al Estado español por parte del fondo de rescate europeo y para ser destinado a recapitalizar a los bancos, se trocó en una inyección directa de esos fondos a las entidades en problemas.

Pero este acuerdo alcanzado hace dos semanas que, aparentemente, no obligaba al Estado español a realizar ningún ajuste, se transformó rápidamente en el mayor ajuste aplicado en el país

La elevación de la actual alícuota del IVA en 13 puntos porcentuales en algunos productos, del 8 al 21 por ciento, es uno de los ejes del plan, conjuntamente con una reducción del gasto estimada en 65.000 millones de euros.

El golpe al consumo y a la demanda que supondrá la entrada en vigor de esta medida el próximo 1 de septiembre, se complementa con una reducción de los aportes patronales a la Seguridad Social de un punto porcentual este año y otro más en 2013.

Pero el conjunto del paquete configura una típica "reforma ecónomica" como la aplicada en la década de los ´90 en Argentina y la mayoría de los países de América latina, así como en otras regiones de la periferia capitalista.

Destacan entre el resto de decisiones la elevación de las retenciones de impuestos a los profesionales independientes; la liberalización de los horarios comerciales; la supresión del aguinaldo de los empleados públicos a fin de año, y el aviso de nuevas reformas previsionales para bajar las jubilaciones.

Todo esto se complementa con un esquema, todavía no concretado, de una liberalización (privatización) de los sectores ferroviario, aéreo y de transporte terrestre, además de una reducción del subsidio de desempleo.

Apenas conocidos los lineamientos del ajuste, el economista y Premio Nobel de Economía 2001 Paul Krugman estimó como un "sinsentido" las penurias que el ´plan´ de Rajoy, aguijoneado por Europa, impondrá a los españoles.

Y la idea de Krugman cobra sentido si se toma en cuenta que la banca española sobrevive merced a los préstamos del Banco Central Europeo (BCE), mientras la economía se hunde en un fango recesivo que ha llevado el desempleo a un record histórico del 22%.

Con un sistema bancario técnicamente quebrado, una productividad de las más bajas de Europa, la construcción paralizada tras el estallido de la burbuja, la impagable deuda del sector financiero y público español proyecta sólo un futuro de recesión de largo aliento.

La lógica del "paquetazo" conocido esta semana responde a la que manejan Alemania y sus socios del norte europeo y que consiste en conceder en cuentagotas el auxilio a los bancos, pero a cambio de que el Estado español "ahorre" para garantizar la devolución del dinero del fondo de rescate.

Pero esta lógica, la misma que llevó a Grecia al infierno en el que se encuentra hoy, está empujando al Gobierno español a una rápida pérdida de su base electoral y a sectores crecientes del mundo laboral a enfrentar esta política en las calles.

La movilización de los mineros de Asturias y León contra el cierre del sector debido a la quita de subsidios públicos y las las protestas de los empleados públicos por la reducción de sus salarios y sus aguinaldos, muestran que peligra la paz social en España.

El índice de riesgo-país y el costo de la colocación de la deuda soberana en los mercados reflejan, en buena parte, la desconfianza de los inversores en el curso de la economía y en la capacidad política del Gobierno para frenar la crisis de la deuda.

La "dramática situación" de España, como la definió ayer la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, podría concluir en otra de características explosivas si España se desliza rápidamente hacia un rescate de su economía y exige un ajuste todavía más radical.