El juez que investiga a la infanta Cristina, hermana del flamante rey Felipe VI, decidió hoy mantener el proceso en su contra por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La resolución judicial, de no ser revocada, sentará por primera vez en la historia a un integrante de la familia real española en el banquillo de los acusados por un caso de corrupción política. 

Se trata de una decisión inédita y llega coincidiendo con la primera semana de reinado de Felipe VI, quien durante su discurso de proclamación prometió encarnar una monarquía renovada y símbolo de "autoridad moral". Tras investigar durante tres años los negocios del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, el juez José Castro concluyó hoy que la infanta Cristina debe ser juzgada, puesto que existen "sobrados indicios" de que intervino lucrándose en su propio beneficio gracias a los negocios ilegales de su marido. 

Concretamente, la infanta Cristina está imputada por delitos de blanqueo de capitales y de cooperación en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por Urdangarín en 2007 y 2008. Estos dos delitos están penados con hasta once años de cárcel: seis el de blanqueo de capitales y cinco el de cooperación en un delito contra la Hacienda Pública. 

El magistrado considera que la infanta Cristina dispuso y gastó el dinero público desviado por su marido a la empresa Aizoon, que ambos comparten al 50%. Castro sostiene que la hija del rey Juan Carlos "intervino activamente en el vaciamiento de los fondos de Aizzon". 

En cuanto a los delitos fiscales, el juez la acusa de haber cooperado en forma "silenciosa" con la evasión cometida por Urdangarín. 
El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá la decisión, mientras la Fiscalía, que siempre se opuso a la imputación de la hermana del rey, también presentará un recurso en contra. Desde 2011, Castro investiga a Urdangarín y su ex socio Diego Torres por supuestamente haberse apropiado indebidamente de unos seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano a través del Instituto Nóos, parte de los cuales fueron a parar a Aizoon. 

En abril de 2013, Castro encontró hasta 14 indicios de la presunta "complicidad o colaboración necesaria" de Cristina de Borbón y Grecia con las investigadas actividades de su marido, pero un tribunal de apelación levantó la imputación. Tras meses después, el magistrado encontró nuevos indicios y volvió a imputar a la infanta, quien el pasado 8 de febrero declaró como imputada protagonizando un hecho histórico para la Corona en los 38 años de reinado del rey Juan Carlos. 

Al cerrar la investigación del famoso caso Nóos, en el paso previo al juicio oral, el juez Castro mantiene la imputación de 16 de las 32 personas implicadas. A Urdangarín, cabecilla de la trama, le atribuye delitos de malversación, prevaricato, falsedad documental, tráfico de influencias, estafa, fraudes a la administración y dos delitos fiscales. El caso de corrupción Nóos generó un gran daño a la imagen y prestigio de la Corona española, institución que gozaba de una imagen positiva de 7 puntos y que llegó a bajar hasta 3,72, según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). 

El escándalo fue uno de los detonantes de la abdicación del rey Juan Carlos, quien también aparece involucrado, de forma colateral, en el caso. Durante su discurso de proclamación, Felipe VI recalcó que para que la Corona sepa ganarse continuamente el aprecio, el respeto y la confianza de los ciudadanos, y se haga acreedora de "autoridad moral" debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente". 

Tras conocerse la resolución que ratifica el proceso contra la infanta, la Casa Real expresó su "pleno respeto" a la justicia, según fuentes de la institución, citadas por la prensa española.