Masiva marcha en Londres contra la crisis
Fue la mayor protesta de los últimos meses, convocada por las organizaciones sociales. Los británicos se oponen a la política de recortes del Gobierno de Cameron.
A la manifestación acudió el líder laborista, Ed Miliband, que dijo que si llega al Ejecutivo, enfrentaría el desempleo juvenil, introduciría un impuesto sobre las primas de los banqueros, construiría 100.000 viviendas sociales y frenaría "el experimento privatizador" del Servicio nacional de salud (NHS).
El líder laborista, que con su presencia en este evento quiso reconectar con las bases trabajadoras de su partido, fue abucheado cuando advirtió de que un Gobierno laborista no podría dejar de hacer recortes, si bien estos serían "más progresivos y más justos".
Su presencia es significativa porque implica un cambio estratégico del líder de la oposición, que en noviembre del año pasado se había desmarcado de una masiva huelga de funcionarios, si bien tampoco la condenó.
Sindicalistas, profesores, enfermeras, bomberos y trabajadores comunitarios y de ONGs estuvieron entre los asistentes a la marcha, que transcurrió en general de forma pacífica con gran presencia de familias y personas mayores.
Más de 250 autocares trajeron a la capital a ciudadanos de todo el país, mientras que también se organizaron protestas en Belfast (Irlanda del Norte) y Glasgow (Escocia).
Ésta es la mayor manifestación convocada este otoño por los sindicatos y otros grupos de activistas, que a lo largo de los últimos meses han organizado múltiples actos de protesta.
Los manifestantes protestan contra la política de drástico recorte del gasto público del Ejecutivo de Cameron, que está en entredicho porque, no solo no ha conseguido de momento reducir el endeudamiento, sino que, según los analistas, está paralizando el crecimiento.
Reino Unido está en recesión desde finales de 2011 y, aunque el desempleo bajó en agosto al 7,9 % -por el efecto de los Juegos Olímpicos-, no hay indicios de recuperación económica.
Los recortes del Gobierno, que en el último presupuesto rebajó los impuestos a las rentas más altas -aunque también subió el umbral para empezar a pagar el impuesto de la renta-, han implicado el despido de cientos de miles de funcionarios, la supresión de numerosos servicios públicos y la progresiva privatización de la educación y la sanidad.