"El señor presidente ha decidido" que "se dicte un decreto por el cual se revoca, por razones de ilegitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo" que consideraron los hechos denunciados como "contemplados" en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó el secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado que dio inicio al gobierno de facto.

Explicó que la Justicia "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido" en la Ley de Caducidad -aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009-, que dejó impunes a los militares y policías.

Añadió que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren que su caso sea incluido dentro de esta medida, que puede derivar en la reapertura de unos ochenta procesos.