Obama aplica duro castigo comercial a la Argentina
La medida se tomó porque el gobierno nacional incumplió con el pago de compensaciones a dos firmas norteamericanas, por un monto de u$s300 millones. La decisión llega en un contexto de malestar por las trabas a las importaciones y por las complicaciones para girar divisas
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció su decisión de suspender a la Argentina como beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) por "no actuar de buena fe" en el cumplimiento de dos sentencias del CIADI a favor de dos empresas norteamericanas.
"He determinado que es apropiado suspender la designación de Argentina como país en desarrollo beneficiario del GSP porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de Estados Unidos", señala la nota oficial emitida este lunes por la Casa Blanca.
Se trata de dos decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial favorables a las empresas estadounidenses Azurix y Blueridge por más de 300 millones de dólares.
El representante comercial de los Estados Unidos, Ron Kirk, cuya oficina había recibido la petición de estas empresas para que Washington suspendiera a la Argentina del programa por el impago, respaldó la decisión del mandatario dada a conocer este lunes y llamó a la Argentina a asumir sus compromisos para revertir la suspensión del GSP.
"Urgimos al gobierno de Argentina a pagar las indemnizaciones", dijo Kirk en un comunicado.
"Esto nos permitiría considerar reincorporar a Argentina como país elegible para el GSP y promover el crecimiento de un comercio norteamericano-argentino y unas inversiones mutuamente beneficiosas", agregó.
Según recordó Kirk, el anuncio de Obama se hará efectivo 60 días después de la publicación de la decisión en el Registro Federal, por lo que el país sudamericano tendría todavía tiempo de revertir su decisión de dos fallos emitidos en 2005 y 2006 a favor de las empresas norteamericanas.
El representante comercial también destacó que el año pasado alrededor del 11% de todas las importaciones de la Argentina, por un valor de u$s477 millones, se beneficiaron del GSP del que ahora el país sudamericano está amenazado de suspensión inminente.
La decisión de la administración Obama se tomó en un contexto de malestar generalizado por las trabas a las importaciones y el giro de divisas al exterior.
Los Estados Unidos actualmente liberan de aranceles a algunas importaciones desde la Argentina bajo el Sistema General de Preferencias (SGP), un programa comercial que busca fomentar el empleo en economías en desarrollo.
Uno de los fallos del CIADI involucra a Azurix Corporation, una firma de inversiones y de servicios de aguas con sede en Houston que obtuvo una concesión de aguas a 30 años en la Argentina en 1999.
La compensación que supuestamente debería percibir Azurix por el retiro de la concesión en Argentina totaliza 165 millones de dólares.
Argentina respondió
La Cancillería emitió esta tarde un comunicado de prensa en el cual se refirió a lo que calificó como una “decisión unilateral comercial” anunciada por el gobierno de los Estados Unidos.
La descarga argentina apuntó contra “el lobby ejercido por los fondos buitres” contra el cual elevó “una condena en forma contundente”.
Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, las dos empresas que habían sido beneficiadas por la decisión del CIADI jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de sentencia, de acuerdo al reglamento del ente y la legislación argentina.
”Tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina”, informó la Cancillería. .
Y continuó: “La Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado Argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar”.