La fiscalía de Perú ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en relación con su intento fallido de disolver el Congreso y "perpetrar un golpe de estado" en diciembre de 2022. La acusación también incluye a varios exfuncionarios y oficiales de la Policía Nacional.

El intento de Castillo de cerrar el Congreso y tomar el control de varias instituciones fue interpretado como un intento de golpe de Estado por el Parlamento, lo que resultó en su destitución inmediata. Desde entonces, el expresidente cumple prisión preventiva en la cárcel de exmandatarios hasta diciembre de 2025.

Además, la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado.

El breve gobierno de Castillo estuvo marcado por la inestabilidad, con múltiples cambios de gabinete y tensiones con el Congreso, lo que generó una profunda crisis en el país.

Estos acontecimientos han generado una fuerte tensión social, una relación tirante con el Parlamento y una recesión económica en Perú. La situación sigue en desarrollo y será crucial seguir de cerca los acontecimientos en el país.