La Fiscalía de Colombia envió a la Corte Suprema de Justicia la declaración de un coronel para que se investigue a nueve generales, entre ellos el comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez, por su presunta vinculación en casos de ejecuciones, informaron hoy fuentes judiciales.
 
La solicitud fue hecha a raíz de las denuncias del coronel retirado Robinson González, quien purga una condena por tráfico de
armas y es procesado por casos de ejecuciones y corrupción dentro del Ejército, en el marco de una indagatoria ante fiscales en junio y julio de este año.
 
González, quien le dijo a la Fiscalía que acepta colaborar con la Justicia a cambio de beneficios penales, también denunció al general retirado Mario Montoya, ex comandante de las Fuerzas Militares.
 
El coronel se refirió en la indagatoria a 30 casos de ejecuciones con más de 50 víctimas, quienes fueron acusadas de pertenecer a grupos armados ilegales.
 
Los hechos relatados por el coronel ocurrieron entre 2006 y 2008 en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Valle del Cauca.
 
En declaraciones al diario "El Tiempo", el general Rodríguez afirmó que no ha sido notificado del inicio de la investigación, que
deben hacer fiscales asignados a la Corte Suprema.
 
"Estoy tranquilo, tengo mi conciencia en paz y estaré atento a dar explicaciones del caso", expresó Rodríguez, tras referirse a González como una "persona señalada como delincuente que busca rebajas de penas".
 
Los investigadores del Supremo deben analizar los documentos enviados por la Fiscalía para establecer si hay mérito para abrir un
proceso formal contra los generales.
 
El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, señaló que las denuncias contra su superior fueron hechas por un oficial
retirado "que tiene un prontuario delictivo".
 
"Conozco la trayectoria del general Juan Pablo Rodríguez, de su vida militar intachable. He trabajado con en él y estoy convencido de que esto quedará aclarado para bien de ellos y sus familias", declaró Lasprilla.
 
Las ejecuciones de civiles por parte de militares, denominadas por la prensa colombiana "falsos positivos", salieron a la luz en 2008 por el caso de unos jóvenes que murieron en operaciones del Ejército en el noreste del país.
 
Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron en ese entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar a jóvenes desempleados y drogadictos para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate.
 
Con esos "falsos positivos" los militares comprometidos buscaban el reconocimiento de sus superiores y "premios", como días de
descanso.
 
Según cifras oficiales, estos casos han dejado más de 3.000 víctimas en medio del conflicto armado que azota a Colombia y al
menos 1.622 investigaciones que involucran a casi 4.000 miembros de la fuerza pública.