Reino Unido: la Cámara de los Comunes habilitó un proyecto de ley sobre el suicidio asistido
Se habilitaría para pacientes en fase terminal en Inglaterra y Gales, siempre que su esperanza de vida no supere los seis meses. Para optar por esta solución, los involucrados deberán estar en condiciones de expresar su deseo claramente y obtener la autorización de dos médicos y un juez.
En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó un proyecto de ley de muerte asistida para Inglaterra y Gales. Esto marca el inicio de las próximas fases del proceso legislativo, tras un debate que fue objeto de intensas controversias éticas y religiosas.
La propuesta contó con 330 votos a favor y 275 en contra. A continuación, será examinada por una comisión antes de retornar para una nueva aprobación ante ambas cámaras del Parlamento.
El documento habilitaría el suicidio asistido para pacientes en fase terminal en Inglaterra y Gales, siempre que su esperanza de vida no supere los seis meses. Para optar por esta solución, los involucrados deberán estar en condiciones de expresar su deseo claramente y obtener la autorización de dos médicos y un juez.
Tras un debate que se prolongó durante horas, en algunos momentos intensificado, se abordaron cuestiones de ética, duelo, ley, fe, crimen y economía. Cientos de manifestantes a favor y en contra del proyecto se congregaron fuera del Parlamento. Cabe recordar que una legislación similar no superó esta crucial primera fase en 2015.
Quienes apoyan la ley sostienen que otorgaría dignidad a las personas en etapa terminal y aliviaría sufrimientos innecesarios, asegurando al mismo tiempo que existan suficientes salvaguardias para prevenir la coacción de aquellas personas que se encuentran al final de su vida.
Por otro lado, los opositores expresan que la medida podría poner en peligro a individuos vulnerables, quienes podrían ser persuadidos, de manera directa o indirecta, para finalizar sus vidas y evitar convertirse en una carga.
El suicidio asistido difiere de la eutanasia, permitida en países como los Países Bajos y Canadá, en donde los profesionales de la salud administran una inyección letal a petición del paciente bajo ciertas condiciones.