El pasado 16 de mayo, la compañía española y el fondo de inversión Texas Yale presentaron ante un tribunal federal de Nueva York una demanda civil colectiva contra el Estado argentino por la expropiación del 51 % de YPF con el fin de obtener una indemnización económica.

En la ampliación de la demanda, que hoy adelanta el diario español El Economista, se pide al juez que declare que Argentina violó la Sección 13 de la normativa establecida por el regulador bursátil estadounidense, SEC.

En virtud de dicha norma, los nuevos directivos de YPF deberían haber remitido al regulador un formulario con las previsiones que manejan para la compañía en relación a aspectos como, por ejemplo, la política de dividendos.

Esta situación ya fue advertida por Repsol que, transcurridos dos meses y medio desde la nacionalización del 51 % de YPF, decidió denunciarlos formalmente.

En la demanda presentada en mayo, Repsol alega que Argentina violó sus obligaciones contractuales al no lanzar una OPA por la petrolera tras retomar el control de YPF, y pide que el precio de la oferta se fije de acuerdo a lo que establece la ley.

Los abogados añaden que mientras no se lance esa OPA las acciones expropiadas por Argentina "no puedan ejercer su derecho a voto, ni recolectar dividendos, ni ser tenidas en cuenta para el cómputo del quórum de constitución de las correspondientes Juntas Generales".

En paralelo, pocos días antes de la presentación de la demanda, Repsol inició los trámites para llevar a un arbitraje internacional la nacionalización de YPF.

Hasta la expropiación ordenada por el Gobierno argentino, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau valoraba en 10.500 millones de dólares.