En un acto en el que se presentó acompañada por todo su gabinete, Dilma repasó algunos de los puntos del proyecto, entre los que propone que se tipifique el crimen de enriquecimiento ilícito penalizando a los funcionarios a los que se le verifique un aumento de su patrimonio personal que no estuviera de acuerdo con sus ingresos.

Otra de las iniciativas propone que la ley que condena prácticas de corrupción también se aplique en empresas privadas.

Rousseff explicó que estas medidas que presentó con carácter de urgente al Congreso se suman a otras ya sancionadas por su gobierno que combatieron la impunidad, entre las que nombró la ley de acceso a la información pública, y también suponen novedades en el paquete compuesto por seis propuestas.

“Mi compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad es coherente con mi vida personal, con mi práctica política, con mi actuación como Presidenta de la República”, dijo la mandataria, quien según la encuestadora Datafolha, hoy tiene la imagen positiva más baja de todo su gobierno, con un 13 por ciento.

“Yo sé y tengo convicción de que es preciso investigar a los corruptos de forma rápida y efectiva, garantizando siempre el derecho de todos los brasileños de buena fe; mismo aquellos que no me votaron saben que la corrupción de Brasil no fue inventada recientemente, saben que lo que diferencia un país y un gobierno de otro es que en algunos países y algunos gobiernos crean condiciones para que la corrupción sea investigada y castigada; en cambio, otros prefieren silenciar”, agregó en el discurso de presentación trasmitido por el portal digital de O Globo.

En esa línea, aseguró que desde su gobierno se “hace” para combatir la impunidad. “El Brasil de hoy combate la corrupción, las noticias sobre casos de corrupción aumentan pero aumentan porque ellas no son puestas abajo de la alfombra y ahí a la luz del sol se iluminan, dejan claro y en evidencia la existencia de los actos de corrupción", añadió.