El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido por unanimidad llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus presuntos cómplices por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023. Esta decisión judicial tiene importantes implicaciones políticas y legales para Bolsonaro, quien podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.
La fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal con el objetivo de impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de 2022. Los cargos incluyen abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio. La acusación se basa en la invasión violenta de las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y la Presidencia, ocurrida poco después de la toma de posesión de Lula.
Los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal votaron a favor de aceptar la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, señaló que existen "materialidad" e "indicios razonables" que respaldan la acusación contra Bolsonaro y sus cómplices. De Moraes, enfatizó que hubo “un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado”.
Además de Jair Bolsonaro, los acusados incluyen a altos cargos de su gobierno y militares de alto rango, como: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional.; Mauro Cid, exayudante de campo de la Presidencia.; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa.; Braga Netto, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro.
