En una sesión de más de 13 horas, los diputados uruguayos aprobaron, por 50 votos a favor y 49 en contra, el proyecto de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación del feto. Ahora resta que la mayoría oficialista en el Senado ratifique el proyecto para que la iniciativa sea convertida en ley.

La propuesta original, que había aprobado el Senado en diciembre pasado, establecía la “legalización” del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación y catorce en casos de violación, y dejaba la decisión en manos de las mujeres sin ningún tipo de intermediarios.

El proyecto aprobado cerca de la medianoche cambió la “legalización” por la “despenalización” tras el apoyo del diputado Iván Posada, del Partido Independiente, luego de que el legislador frenteamplista Andrés Lima rechazara a la iniciativa y pusiera en jaque la mayoría de la bancada oficialista, que tiene 50 diputados sobre 99.

Además, como parte de la negociación entre el bloque del FA y Posada, establece una instancia que obliga a las mujeres a comparecer ante una comisión integrada por médicos y asistentes sociales quienes le explicarán los alcances de su decisión. Transcurridos cinco días de “reflexión”, entonces sí la mujer tendrá la última palabra.

En esa línea, el artículo 2 del proyecto aprobado anoche dice: “La interrupción del embarazo no será penalizada, y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las 12 semanas de gravidez.”

Al comenzar la sesión, de hecho, Posada afirmó que el proyecto a consideración da soluciones "más concretas" y "más humana" al problema. "Este proyecto opta por el camino del medio, por la senda del menor mal", agregó en referencia a la norma que, de aprobarse, creará un equipo de tres profesionales (ginecólogo, psicólogo y sociólogo), que apoyarán a la mujer en un espacio de cinco días para decidir un aborto.

La propuesta de ley establece que los profesionales de la salud que tengan objeción de conciencia deberán manifestarla en la institución en la que trabajan y dicha objeción será aplicable en todas las instituciones de salud donde se desempeñen. A las instituciones que por su “ideario” sean contrarias al aborto, como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, tampoco se las obligará a realizar los procedimientos pero deberán derivar a la mujer a otra institución para que la interrupción sea realizada.