El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su inquietud con respecto a las detenciones en Venezuela, así como al uso de la fuerza por parte de las autoridades, lo cual genera un ambiente de temor desde las recientes elecciones presidenciales. En un comunicado, Volker Türk subrayó que es alarmante la cantidad de personas que están siendo detenidas y acusadas bajo cargos de incitación al odio o en virtud de la legislación antiterrorista. Según Türk, el derecho penal no debe ser empleado para restringir de manera inapropiada los derechos fundamentales a la libertad de expresión, así como el derecho a la reunión pacífica y a la asociación.

La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, enfatizó que en un entorno marcado por el miedo es inviable la aplicación de principios democráticos y la protección de los derechos humanos. La representante también destacó que en este contexto, los ciudadanos tienden a no expresar sus opiniones si estas son contrarias a la política del gobierno.

La preocupación del Alto Comisionado se produce tras declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien instó a los poderes del Estado a actuar con "mano de hierro" ante las protestas surgidas como respuesta a su reciente reelección, la cual ha sido cuestionada por sectores de la oposición. Maduro fue proclamado ganador con un 52% de los votos en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia la existencia de un fraude masivo. A pesar de las presiones tanto internas como internacionales, el gobierno chavista no ha publicado las actas de votación.

El anuncio de la victoria de Maduro ha desencadenado protestas que han resultado en la muerte de al menos 25 personas y 192 heridos. El Alto Comisionado ha instado a que se investiguen todas las muertes ocurridas en este contexto, y que los responsables sean llevados ante la justicia.

De acuerdo con datos oficiales de la ONU, más de 2.400 individuos han sido detenidos desde el 29 de julio. En muchos de estos casos, las personas detenidas no han podido designar a un abogado de su elección ni han tenido acceso al contacto con sus familiares. Türk ha indicado que algunos de estos casos podrían constituir desapariciones forzadas.

El Alto Comisionado ha solicitado la liberación inmediata de todos aquellos que hayan sido detenidos de manera arbitraria y ha pedido garantías de juicios justos para todos los detenidos. También ha señalado que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así como los ataques sufridos por manifestantes a manos de personas armadas que apoyan al gobierno, deben ser evitados en el futuro.

Asimismo, se han reportado incidentes de violencia contra funcionarios y edificios públicos por parte de algunos manifestantes. En este sentido, el Alto Comisionado ha reiterado que la violencia no es una solución aceptable.

El funcionario de la ONU también ha expresado su preocupación por la posible aprobación de un proyecto de ley relacionado con la vigilancia y financiamiento de organizaciones no gubernamentales, así como un proyecto de ley que aborda el "fascismo, neofascismo y expresiones similares". Türk ha instado a las autoridades a no avanzar en la adopción de estas y otras leyes que pudieran comprometer el espacio cívico y democrático en el país, en aras de la cohesión social y el futuro de Venezuela.

Es relevante señalar que el Alto Comisionado de la ONU no cuenta con personal en Venezuela desde que el gobierno solicitó la suspensión de sus actividades en febrero, tras la denuncia de la detención de una activista de derechos humanos. Aunque en abril se anunció la posible reapertura de la oficina de la ONU en el país, aún no se ha dado autorización para su retorno, y las negociaciones se encuentran estancadas, según lo informado por la vocera Shamdasani.