Arrestaron a un hacker de 19 años en San Cristóbal
Lideraba una banda dedicada al fraude electrónico a través del ataque a varias páginas web de transferencia de dinero y de juegos online.
Lo más difícil de los delitos informáticos es probarlos. Por eso la "Operación Zombie" de la Policía Federal se originó el año pasado y recién a principios de julio llegó a buen puerto. Ahora el Ministerio de Seguridad nacional dio a conocer el caso: "Se detuvo a un joven súper-hacker, líder de una red integrada por siete personas, especializado en fraudes electrónicos trasnacionales y complejas triangulaciones de financieras que concretaba vulnerando la seguridad de varias webs de transferencia de dinero y juegos por internet", precisó en un comunicado.
El joven, de 19 años, es hijo de un ingeniero informático. En su casa tenía lo que los investigadores definieron como una "Baticueva tecnológica". ¿Qué es eso? "Computadoras con capacidades de cálculo muy superiores a las corrientes, cables de conexión especiales, servers rackeables, routers y 14 discos rígidos".
Todo comenzó a partir de una denuncia de un empresario que utilizaba el portal de transferencia Dineromail. La procuradora Alejandra Gils Carbó, en ese entonces fiscal de Instrucción, ordenó la investigación a la policía.
"Los usuarios de internet resultaban víctimas de una infección con un virus informático del tipo 'malware' (troyano) que el hacker alojaba en un servidor de descargas de aplicaciones para juegos online", explicó una fuente de la investigación.
Además de intervenir varios teléfonos, la investigación incluyó el análisis de los mails involucrados y los portales atacados, el rastreo de direcciones IP y el estudio de los registros de conexión, lo que arrojó un domicilio porteño, en Juan de Garay al 3200. Allí vivía el hacker con su familia.
Mientras, la persona encargada de de cobrar el dinero vivía en Rosario, en una casa que también fue allanada. Sin embargo, esa vivienda tenía una red de cámaras para controlar toda la manzana, por lo que la policía tuvo que cortar la energía eléctrica en la zona para poder operar y evitar que el hacker destruyera las pruebas.
El caso está radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 11, a cargo de la jueza Wilma López.