Barcesat: “nadie procesado por delito doloso contra la administración pública puede ser designado”
Magdalena Tempranísimo // Audio Eduardo Barcesat // El constitucionalista y abogado de las Madres de Plaza de Mayo considera que los 3 procesamientos en este sentido contra Mauricio Macri impiden que sea candidato en las elecciones porteñas.
Mauricio Macri desestimó el pedido de un constitucionalista kirchnerista de vetar su reelección en Capital Federal debido a los tres procesamientos en su contra. El jefe de Gobierno porteño afirmó que la Constitución porteña lo “avala” para presentarse. Argumentó que “el artículo 57 habla de designaciones de funcionarios públicos, no de cargos electivos”.
Para el constitucionalista y abogado de las Madres de Plaza de Mayo Eduardo Barcesat, “la Constitución porteña dice que nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública”. Por Continental, enfatizó que, "claramente, el capítulo de la función pública que precede a la regulación de los tres poderes dice, primer párrafo del artículo 57, que nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. De manera que esto, contrariamente a lo que sostienen los corifeos del ingeniero, abarca a todos los poderes, sea que se nombre por elección, por decreto o por concurso, ninguno puede sobrepasar el impedimento de la cláusula ética".
En Magdalena Tempranísimo, desestimó que esta postura implique una "proscripción" a Macri. "Yo no sostendría jamás ese enunciado. Pero, si quieren promover una acción declarativa de inconstitucionalidad de la cláusula del artículo 57, van a tener que fundamentar que está bueno que se presente para cargos electorales o concursales alguien que está procesado por delitos contra la administración pública. Si lo van a calificar de proscriptivo, es un enunciado dogmático y apodíctico que no tiene andamiento ni dos pasos. Fíjese que, si no", se podría "llenar el Poder Judicial de la Ciudad, la Legislatura y la Jefatura de Gobierno de gente con procesos penales por delitos dolosos contra la administración pública".