El crimen contra Ferreyra fue “un homicidio calificado premeditado por el concurso de dos o más personas”
Lo remarcó María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en el marco de los alegatos del juicio que investiga el asesinato del militante del Partido Obrero. Las querellas pidieron prisión perpetua para José Pedraza como "instigador".
La familia del asesinado militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra pidió ayer la pena de prisión perpetua para el detenido histórico líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza al considerarlo instigador del crimen.
La acusación, muy parecida a la que hizo la ex fiscal Graciela Camaño, instructora de la causa, sorprendió con pedidos también de prisión perpetua para seis de los siete policías que habían llegado a juicio acusados de “abandono de persona”.
Para los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representantes de la familia de Ferreyra, los policías, a excepción de David Villalba, fueron partícipes necesarios del homicidio al haber “liberado la zona” del crimen.
Ayer, en su alegato, el abogado Maximiliano Medina calificó al ataque como una “cacería humana”. Hubo otros tres heridos de bala por los que alegarán el viernes las abogadas Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, ésta última, letrada de la ONG Correpi.
Por Continental, Verdú consideró que se trató de un “homicidio calificado premeditado por el concurso de dos o más personas”. En Magdalena Tempranísimo, vinculó el asesinato de Ferreyra y la tragedia de Once "en lo que tiene que ver con los funcionarios públicos", como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
"Todos los policías procesados por el caso llegaron libres al juicio, pese a que están acusados de lo mismo que los dirigentes ferroviarios. Por eso, el comisario (Hugo Ernesto) Lompizano pudo irse de vacaciones como si no estuviera imputado", alertó Verdú.
La hipótesis de la querella sobre el móvil del crimen es la misma por la que fueron procesados los ferroviarios: mantener los negocios de la Unión Ferroviaria a través de las empresas tercerizadas subsidiadas por el Estado Nacional. Por ello pidieron perpetua como instigador también del crimen al segundo de Pedraza en el sindicato, el secretario de Administración Juan Carlos “Gallego” Fernández.