La familia Ciccone salió acusó al vicepresidente Amado Boudou de actuar de una manera "bestial" y "deleznable", al tiempo que denunciaron que se los forzó "a vender" sus acciones en la compañía que encabezaban, operación por la que no cobraron "ni un solo peso". 

En una solicitada publicada en un matutino porteño, remarcaron: "Ni el oprobio de enfrentar, siendo vicepresidente de la Nación, una grave causa penal ni la más desesperada estrategia de defensa para intentar escapar de las consecuencias de la misma pueden justificar semejante bestial, deleznable y cruel manifestación de su parte, empañando la memoria de un hermano, padre y abuelo fallecido".

De esa forma salieron a responder las afirmaciones de Boudou, quien los había acusado de "jorobar con un muerto", al relativizar un documento que -de acuerdo a la familia- firmó uno de los dos fundadores de la empresa, Héctor Ciccone, poco antes de su muerte, en el que se habla de una participación del vicepresidente en la controvertida venta de la imprenta.

"La familia (Ciccone) es capaz de truchar algo de una persona que falleció y ya no se puede corroborar. (El escrito firmado por Héctor Ciccone) es trucho y es tremendo desde el punto de vista de lo que puede hacer la gente por plata. Por plata y por poder", sostuvo el titular del Senado.

Al respecto, la familia Ciccone consideró que Boudou pretende provocar "confusión en la opinión pública", al afirmar que el texto firmado por Héctor era "trucho".

Destacaron que un notario, Carlos Luaces, certificó su firma, lo que se plasmó en el "acta de requerimiento del escribano certificante bajo el número 186 del Libro 142, F008168466".

Aseguraron que presentaron ese documento cuando fueron citados por el juez federal Ariel Lijo, "es decir, en la primera oportunidad que tuvieron para hacerlo".

"Que el acta tenga un contenido que a Ud. (por el vicepresidente) pueda no favorecerle" no puede llevarlo a afirmar "ligeramente que nuestra familia pretende quedarse con dinero de los argentinos", agregaron.

Además, subrayaron: "De esa empresa que con tanta dedicación llevamos adelante nos forzaron a vender nuestras acciones, primero, y la expropiaron, después, sin pagar un solo peso, pretendiendo ilegítimamente compensar el precio expropiatorio con una supuesta deuda con la AFIP".

"En ese proceso actuó, en representación de la empresa, el interventor Hernán Lorenzino, quien como ministro de Economía integra el Estado expropiante y representa como interventor a la sociedad expropiada. Mayor conflicto de intereses parece inimaginable", enfatizaron.

También cuestionaron a Boudou por afirmar que lo habían "querido corromper" y señalaron que "si así hubiera sido, su obligación como funcionario público era denunciar ese delito, al momento en que supuestamente hubiera ocurrido, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar".