El juez de instrucción Ernesto Botto rechazó un pedido del Gobierno porteño y de la productora Sarmiento en la causa por irregularidades en la adjudicación de la explotación del mobiliario urbano.

El planteo era para dejar sin efecto una medida cautelar que mantiene paralizada, en términos formales, la explotación de la publicidad den lugares públicos.

La plana mayor del gobierno porteño es investigada en una causa que tiene por objeto determinar si la licitación para el otorgamiento de la explotación de la cartelería había sido manipulada a favor de Editorial Sarmiento, la empresa mendocina perteneciente a la familia Terranova.

El juez Botto podría llamar en los próximos días a prestar declaración indagatoria al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo, y a los integrantes de la Comisión de Evaluación que participó en la licitación del mobiliario urbano.