La Justicia allanó esta mañana la estancia Santa Catalina, cercana a la localidad bonaerense de Ramallo, donde se encontró otro contingente de trabajadores temporeros reducidos a la servidumbre.

Por Continental, la fiscal Paula Moretti describió que, al llegar al sitio, se encontró “con condiciones terribles, un galpón de chapa con sesenta personas. Cuchetas al estilo militar, los obreros se tienen que traer las sábanas. Los baños químicos los trajeron hace tres días. El agua la traen de un molino que funciona cuando hay viento. El agua la tenían que cargar en tachos de glifosato”, enumeró.

“Tampoco saben cuánto van a cobrar. A su vez, les descuentan los implementos para higiene personal, que se los trae un proveedor pero no saben a qué precio”, añadió en La Mañana.

“A su vez hay otro procedimiento en otro predio, en frente, cruzando la autopista, donde hay una carpa que tiene alojadas a setenta personas más”, detalló.

“No tienen heladera, se les pudre la carne que les dan. Firman un contrato que dice que no pueden salir de ahí. Como no tienen luz, no pueden comunicarse con su familia, porque traen celulares, pero no tienen cómo recargarlos”, siguió describiendo.

“Todas las personas son de Santiago del Estero, de sectores de gran pobreza. En principio, interviene la Justicia Federal por trata de personas”, explicó, e informó que “hoy hubo otro procedimiento en la zona rural de San Pedro. Todos eran traídos en un micro de la empresa”.

“UATRE nos puso en conocimiento de que había dos menores a los que les habían dado un DNI fraguado. Se encuentra el abogado de la empresa junto al personal del Ministerio de Trabajo”, precisó.