Fuentes policiales revelaron que se trata de un sargento, un cabo primero y cuatro agentes, quienes el viernes fueron pasados a servicio pasivo, que implica seguir sin trabajar, sufrir la rebaja del sueldo hasta la mitad y es el paso previo a ser echados de la Policía Federal.

En tanto, se agravó la situación de otro cabo primero en cuanto a su continuidad en la Federal, también acusado en la Justicia por los mismos delitos. En este caso, el uniformado sigue en disponibilidad preventiva (Artículo 48 de la fuerza), pero pasó del inciso A (el más
liviano) al inciso G, que es el que se le aplican a los efectivos que están en procesos judiciales ya avanzados.
Todos estos policías, al igual que otros tres -uno del Servicio Penitenciario- fueron acusados por la violación reiterada y secuestro de dos menores de edad en situación de calle, además de hacerlas prostituirse a ambas entre 2009 y 2011.

Cuando se produjeron las violaciones las chicas tenían 13 y 16 años y ahora tienen 17 y 20 años, pero la menor de ellas tiene dos hijos como fruto de esos abusos sexuales. Incluso, uno de los uniformados imputados se hizo cargo de la paternidad de uno de los pequeños.

En la causa quedó establecido que para llevar a cabo estas violaciones y los secuestros, que incluían "fiestas sexuales que duraban entre 24 y 72 horas, usaron tres lugares: una pensión de Warnes 2105, el destacamento del Cuerpo de Policía Montada ubicado debajo de la autopista "Presidente Héctor Cámpora" (AU 7) en Rodrigo de Triana y Lacarra, y el predio de Policía Federal ubicado entre Cavia y pasaje Chonino.

De hecho, una vez consumado los abusos sexuales les daban a las menores algo de dinero y comida.

A principios de agosto, la Justicia decidió procesar a los seis federales que pasaron a servicio pasivo y al integrante del Servicio Penitenciario Federal, aunque los otros tres siguen involucrados en la causa. La causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal cometido, en forma reiterada, mediante el abuso intimidatorio de una relación de poder agravado por su comisión por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones", la lleva a cabo el fiscal Fernando Fiszer y está a cargo de la titular del Juzgado Criminal de Instrucción número 11, Susana Wilma López.