Un fiscal solicitó enviar juicio oral a Jaime por sobreprecios en el Belgrano Cargas
El pedido de Marijuan fue concretado este lunes. El martes, el ex secretario de Transporte, se sentará en el banquillo, acusado de la muerte de 51 personas en la tragedia de Once.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy enviar a juicio oral al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por presunta defraudación al Estado en el marco de la causa que investiga sobreprecios en el tren Belgrano Cargas (BC).
El pedido de Marijuan fue concretado 24 horas antes de que Jaime se siente en el banquillo de los acusados por la muerte de 51 personas que viajaban en un convoy de la línea Sarmiento que el 22 de febrero de 2012 se estrelló al llegar a la estación terminal Once.
Marijuan elevó el planteo ante el juez federal Claudio Bonadio, quien había dictado la orden de captura de Jaime al procesarlo en este
expediente por la cantidad de causas abiertas en su contra, entre ellas dos por "dádivas" que el mismo magistrado investigó.
Esta vez la acusación apunta a supuestas irregularidades cometidas mientras Jaime fue secretario de Transporte y habría hecho gestiones con "un interés ajeno al de la administración orientado a que el BC recibiera el dinero solicitado con la mayor rapidez posible sin importar el destino que se daría a esos recursos del erario nacional".
Además de Jaime, el fiscal pidió mandar a juicio a otros imputados, como Rubén Stafforini, ex contador del sindicato Unión Ferroviaria (UF), procesado por presunto "tráfico de influencias" en el crimen de Mariano Ferreyra; Graciela Coria, esposa del sindicalista José Pedraza; Luigi Capelli, presidente de SOE (Sociedad Operadora de Emergencia) SA, y Pedro Ochoa Romero, ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y acusado en el juicio de Once.
Jaime está acusado de defraudación por supuestamente haberle ordenado en 2007 a la firma SOESA, que administraba el BC, el pago extra de dos millones de pesos para la realización del tendido de vías entre Tucumán y Concepción, trabajo adjudicado a la firma Luis Carlos Zonis SA.
"Se le endilga a Ricardo Raúl Jaime haber aprobado e impulsado por un interés distinto al de la Administración, elPlan de Obras el mismo día que fue presentado, con un adelanto de fondos injustificado y la Licitación Pública consecuente por un monto que excedió el original presentado por la empresa BC", sostiene el dictamen.
También se "le adjudica a Jaime haber dispuesto de fondos públicos en mayor medida que la establecida en la Resolución Nro. 877; no haber controlado la aplicación del dineropúblico a su destino determinado, posibilitando a la empresa 'Belgrano Cargas SA' desviara los mismos en su provecho".
Asimismo, haber "autorizado el pago de facturas cedidas por la empresa BC a Zonis" y dar instrucciones "para realizar un desembolso de dinero" para "efectuar un pago a Zonis, convalidando el desvío de fondos públicos de la empresa 'Belgrano Cargas SA'".
El dictamen afirmó que "el reproche que se les dirige a Carlos Luigi Cappelli, presidente de SOE, Angeles Stafforini, director del BC, y Graciela Isabel Coria, presidente y directora del BC consiste en haber dirigido fondos de la Cuenta Recaudadora de Ingresos (CRI) para saldar la deuda que BC mantenía con Zonis, contrariando las pautas fijadas en el correspondiente convenio".
A Pedro Ochoa Romero, "interventor de la CNRT, se le endilga haber avalado, desde dicha condición, el dictado" de las resoluciones cuestionadas, porque "con su actuar permitió que las maniobras defraudatorias sucedieran".
"Como Interventor de la CNRT, su función era la de aprobar o reprobar lo que pudieran desarrollar los escaños funcionales inferiores -afirmó el fiscal-. Es decir, sobre todo que transcurriera por su órbita y aprobación, debía tener la certeza de su proceder".
El fiscal Marijuan precisó que "los responsables de la empresa concesionaria BC habrían recibido de la Secretaría de Transporte- proveniente del Tesoro de la Nación- la suma de pesos 7.132.969,92".
"Se verificó que con el dinero cobrado por la empresaconcesionaria BC se abonó a Zonis S.A. la suma de pesos 4.608.904,68, quedando en favor de la concesionaria la cifra de pesos 2.524.065,24 que nunca egresó de la misma, deduciéndose así que se le habría otorgado al subsidio un destino distinto al convenido", se añadió.