Debido a una denuncia que presentó el Ministerio de Educación y la Procuración General, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar la toma de los distintos colegios porteños realizada a lo largo de esta semana. A partir de esto, la Policía de la ciudad se acercó a las familias de los alumnos protestantes para notificarlos del inicio del expediente por violación al artículo 60 del Código Contravencional.