
Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a la Argentina por la causa AMIA, se cumplió la orden del juez federal Ariel Lijo de dar acceso público a un un informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (SIDE) titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”.
Este informe, conocido internamente como “informe Toma” por ser elaborado por el ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma, confirma la participación de Irán en la organización del atentado a la AMIA. Además, revela detalles sobre los perpetradores del ataque y sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil, así como el paso por Argentina de Samuel El Reda, uno de los líderes de la célula de Hezbollah acusada de volar la AMIA.
El informe desclasificado, que consiste en un resumen de unas 200 páginas de un total de cerca de 10 mil fojas, proporcionó a la Justicia información relevante y material probatorio para tomar decisiones judiciales. Este documento permitió a Alberto Nisman, cuando asumió la dirección de la UFI AMIA, iniciar su trabajo y fue fundamental para que la Cámara de Casación declarara a Irán como Estado terrorista dos décadas después.
Miguel Ángel Toma, ex funcionario de la SIDE, destacó la importancia del informe al exponer la estructura responsable de los ataques terroristas en Argentina. Asimismo, apuntó contra los iraníes Moshen Rabbani y Moshen Rezai, vinculados al atentado.
En relación al acceso a la documentación clasificada por los servicios de inteligencia, el juez intimó a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con lo dispuesto en un decreto y ordenó una inspección judicial en el edificio Barolo para evaluar la conservación de la documentación.
Las actuaciones judiciales forman parte del caso iniciado por los familiares y querellantes de las víctimas del atentado a la AMIA. A pesar de los avances, los familiares aún no han logrado visualizar toda la documentación, debido a la complejidad del sistema informático y la gran cantidad de pruebas existentes. Las querellas han expresado que el acceso a la información reclamada resulta difícil debido al volumen de pruebas, la complejidad del sistema informático y la falta de transparencia en la presentación de la información por parte de los fiscales.