El conflicto docente en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia se agravó en las últimas horas luego de que los maestros que reclaman mejoras salariales cortaron el tránsito en los ingresos a los yacimientos, mientras grupos de padres tomaron 26 escuelas y el gobierno los denunció ante la justicia.

Los docentes de la Regional Sur del gremio ATECH salieron ayer a las rutas y reclamaron al gobierno la firme de un acta para que ratifique compromisos del Ministerio de Educación como la restitución de los salarios descontados por huelgas anteriores y la suba de salarios.

Los maestros cortaron el tránsito en el cruce de las rutas 3 y 26, que lleva a los principales yacimientos petroleros de la zona, mientras otros trabajadores se plegaron a la huelga provincial que había realizado ayer la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La secretaria de Derechos Humanos de ATECh, Magalí Stoyanoff, señaló que las medidas de fuerza de ambos sectores se realizaron en reclamo de "urgente aumento salarial, que es común para todos los docentes de la provincia".

Eduardo Húmeres, uno de los delegados que participó el jueves de una reunión con autoridades del gobierno en Rawson, señaló que "no se llegó a nada. Pedimos la firma de un acta donde figure el compromiso del Ministerio, la restitución de los salarios (descontados por los días sin clases) en 48 horas y sobre nuestros reclamos. Pero lo queremos por escrito porque ya nadie le cree a nadie".

Por otra parte, el Fiscal de Estado, Blas Meza Evans, presentó ayer ante el Procurador General de la provincia una denuncia penal contra los padres que habían ocupado 26 escuelas de Comodoro Rivadavia por los delitos de "usurpación, coacción, atentado y resistencia a la autoridad y daño", que prevén penas de hasta tres años de prisión.

El gobierno señaló así en su presentación que la toma que realizan los padres, al parecer en apoyo al reclamo docente, "obstaculiza el derecho de recibir educación por parte de los alumnos y el derecho de trabajar de docentes que no se encuentran en medida de fuerza y no pueden hacer efectiva sus tareas".

La administración de Martín Buzzi dispuso, según la fiscalía, que "adopte todas las medidas legales necesarias para la apertura de los establecimientos escolares de Comodoro Rivadavia que se encuentran tomados por los padres".