El juicio oral por la tragedia del tren de Once que causó 51 muertes, entre ellas una embarazada, comenzará el próximo martes con 29 acusados que en gran parte corren riesgo de recibir penas de prisión de cumplimiento efectivo si se prueban los cargos que sostiene la fiscalía, estrago agravado y defraudación por administración fraudulenta.

Frente al Tribunal Oral Federal 2 se sentarán desde las 11 del martes 18 de marzo, los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros funcionarios que debían controlar el funcionamiento y el uso de subsidios por parte de los concesionarios de Trenes de Buenos Aires, operadores del ramal Sarmiento.
Todos llegarán en libertad al juicio.

Son los ahora ex funcionarios y los empresarios del grupo Cirigliano los que soportan las acusaciones más duras por lo ocurrido en la mañana del 22 de febrero de 2012, en el andén dos de la estación de trenes del barrio porteño de Once.

Todos están procesados por estrago agravado por resultado de muerte, defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta.

El único en sentarse al banquillo en Comodoro Py 2002 para afrontar una sola acusación, aunque grave y con pena de cumplimiento efectivo, será el maquinista que ese día conducía el tren y chocó contra el andén, Marcos Córdoba, procesado por "estrago agravado por el resultado de muerte".

Para el martes se prevé el inicio de la lectura de los requerimientos de elevación a juicio hechos en la instrucción de la causa por el fiscal de esa instancia Federico Delgado y los querellantes en la pesquisa que estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

El fiscal que estará a cargo de la acusación en el juicio, Fernando Arrigo, anticipó ya que hay altas posibilidades de pedir penas de cumplimiento efectivo al final del debate, al oponerse a conceder la "probation" a uno de los acusados, el abogado de TBA Carlos Lluch.

El Tribunal Oral Federal 2 está integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, quienes dispusieron realizar audiencias todos los lunes y martes desde las 10, en un debate donde se aceptaron unos 400 testigos propuestos por las partes, aunque este número podrá variar de acuerdo a lo que se escuche en la sala de audiencias.

En la etapa de ofrecimiento de prueba los jueces rechazaron todas las propuestas de testigos vinculados al ámbito político y sólo aceptaron los relacionados al accidente de manera directa, socorristas que estuvieron ese día, peritos y otros vinculados al funcionamiento del servicio ferroviario en particular.

Los jueces resolvieron además no convocar a todos los heridos, un total de 789, sino a aquellos que pudiesen aportar algo concreto en relación a las causas de la tragedia del 22 de febrero de 2012, cuando alrededor de las 8.30 la formación "chapa 16" chocó con la cabecera del andén 2 en Once.

Pero previo a esta etapa habrá un día dedicado a las llamadas "cuestiones preliminares", que según fuentes de las defensas "serán breves" y luego se dará oportunidad de prestar declaración indagatoria a los procesados.

En principio, casi todos se negarían a declarar y manifestarán a los jueces su intención de hablar más adelante, explicaron a Télam fuentes de las defensas.

El eje de la discusión pasará por las pericias incorporadas a la causa, en relación a si funcionaron los frenos de la formación, su velocidad, estado de conservación y a cuál fue la actitud del maquinista Córdoba.

Además de Córdoba y los dos ex secretarios de Transporte, serán juzgados los ex titulares de la concesión, Claudio, Roque y Mario Cirigliano; el ex presidente de TBA Carlo Ferrari, los miembros del directorio de su empresa, los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor Antonio Sicaro y Pedro Ochoa Romero, y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Antonio Luna.

La primera audiencia será el martes 18 en el salón donde se juzgó el atentado a la AMIA, ubicado en el subsuelo de los tribunales, y tendrán prioridad de ingreso como público sobrevivientes, familiares de víctimas y los de los acusados.