El Senado aprobó este miércoles por unanimiad y giró la Cámara de Diputados el proyecto que crea el Registro Nacional "No llame", en el que cualquier persona podrá inscribirse para no ser contactado telefónicamente por empresas que le ofrezcan un servicio no solicitado.

El registro tiene como función "proteger" a los usuarios "de los posibles abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios" a través de la comunicación telefónica "en cualquier de sus modalidades", aunque no incluye las "campañas electorales".

La inscripción y la baja en el Registro Nacional "No llame" será gratuita y podrá realizarse a través de "medios eficientes y sencillos, con constancia de la identidad del titular o usuario autorizado, y del número telefónico".

Según el artículo 4 del proyecto, en el registro podrá anotarse "toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios".

La restricción para las empresas que deseen contactar a los usuarios de los servicios telefónicos corre tanto para llamadas como para mensajes de texto.

No obstante, existen algunas excepciones, como las campañas de bien público, las llamadas de emergencia para garantizar la salud y seguridad de la población, las campañas electorales, las llamadas de quienes tienen una "relación contractual vigente" y las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario de los servicios de telefonía.

A partir de la sanción de la ley, las empresas que deseen ofrecer bienes y servicios "no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el registro", el cual estarán obligadas a consultar "con una periodicidad de 60 días corridos a partir de su implementación".

El Registro Nacional "No llame" funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La senadora del Frente Amplio Progesista (FAP) Norma Morandini, autora del proyecto, señaló que esta iniciativa está relacionada con "el derecho a la privacidad y a la intimidad, que está ampliamente protegido por la Constitución".