Decenas de personas, entre ellas niños de entre 3 meses y 5 años, acampaban hoy frente al asentamiento Papa Francisco de Villa Lugano, que fue desalojado el fin de semana tras seis meses de ocupación y la muerte de tres personas, para reclamar soluciones habitacionales definitivas.

Efectivos de la Policía Metropolitana cercaron con vallas las plazoletas de la avenida Fernández de la Cruz, entre Escalada y Larrazabal, por lo que las familias que se instalaron allí no pueden ni entrar ni salir de la zona.

A raíz del cerco policial vecinos de la lindera Villa 20 se acercaron para dejarles agua y alimentos e instalaron carpas del lado de afuera de las vallas, para acompañar a estas 90 personas que exigen viviendas a la administración de Mauricio Macri.

"No tenemos adónde ir. Dejé el alquiler en la Villa 20 hace dos meses", dijo una de las mujeres que se instaló allí junto con sus hijos.

La mujer sostuvo que quienes rentan habitaciones en ese asentamiento urbano "se aprovechan de la situación, por entrar a una pieza de tres por dos nos cobran 5 mil pesos y 800 por mes".

La jueza porteña María Gabriela López Iñíguez atribuyó este nuevo hecho a "un grupo de hombres que responden a la conducción de Emanuel Ríos, quien se encuentra imputado en la causa por usurpación y pesa sobre él una orden de restricción que le prohíbe acercarse al predio".

La magistrada, que ordenó el operativo de desalojo del asentamiento que se realizó el fin de semana, advirtió también sobre una nueva ocupación del predio si no se concretan "acciones inmediatas" para iniciar el saneamiento del lugar.

El procurador general porteño, Julio Conte Grand, coincidió con la jueza en que las personas que instalaron carpas frente al predio desalojado se negaron a ser reubicado en refugios de la Ciudad porque "están activados por militantes y otros dirigentes".

En cambio, el legislador porteño del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Marcelo Ramal, denunció que a las familias que están acampando frente al asentamiento "no se les permite el ingreso de personas, ni nadie que pretenda asistir a las familias con alimentos medicamentos u otro tipo de recursos".

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad requirió, por su parte, a ministerio de la administración macrista que informe respecto "al cerco policial que impide la libre circulación de unas 60 familias que se encuentran precariamente asentadas" en las plazoletas de la avenida Francisco de Cruz.

En tanto, los fiscales Carlos Rolero y Luis Cevasco pidieron el juicio oral para las seis personas acusadas de ser las organizadoras de la toma del predio de Villa Lugano.

Rolero y Cevasco aseguraron que de las escuchas telefónicas y de las declaraciones de testigos surge la imputación sobre la organización de la ocupación y el financiamiento de la permanencia de los vecinos, con la intención de venderles los terrenos.

Los nuevos acusados son Héctor Marcelo Urquiza, Emanuel Ríos, tres miembros de la familia Jimenez y un hombre de apellido De Luca, a quienes los fiscales les imputaron el delito de "usurpación".

El predio de Villa Lugano, un ex cementerio de autos de la Policía Federal, fue cedido al gobierno porteño para construir viviendas, aunque debía ser saneado previamente por su grado de contaminación.

Estaba ocupado desde el 24 de febrero por familias que reclaman soluciones habitacionales y el cumplimiento del fallo judicial de urbanización de la lindera Villa 20.