El número de personas fallecidas hace casi un año en La Plata, provincia de Buenos Aires, ascendió a 89, frente al medio centenar de muertos reportado inicialmente, confirmó por Continental el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias. Inicialmente, cuando las aguas invadieron la ciudad de las diagonales en abril de 2013, las autoridades reportaron 51 fallecidos y pocas semanas después aumentaron la cifra a 67, en medio de la polémica por el número exacto de muertos.

En un fallo, Arias ordenó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires difundir los datos referidos a las 89 muertes "a través de los mismos medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta". En La Mirada Despierta, consignó que se detectaron "severas irregularidades en la operatoria de la morgue local y en las defunciones anotadas en el Registro de las Personas bonaerense".

A 48 horas de la catástrofe, el gobierno de Daniel Scioli se apresuró a difundir una lista de 51 fallecidos. Luego, ante la aparición de nuevos casos, admitió que el total de decesos por la inundación sería determinado por la Justicia. El dictamen judicial, que habilita a los familiares de las víctimas verificadas a accionar penal y civilmente para reclamar el deslinde de responsabilidades y pedir resarcimientos, también menciona otros 17 casos de muertes consideradas dudosas en cuanto a su vinculación con la inundación, pero que Arias dijo que no logró comprobar fehacientemente que fueran a causa de la tormenta.

En esa nómina figura, entre otros, Ada Teresa Rodríguez de Castro, la mujer de 85 años vecina de la casa natal de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Tolosa que murió de un paro cardíaco al parecer angustiada por la suerte de su hija y cuyo caso fue expuesto por la jefa del Estado durante una cadena nacional. También están en esa lista un grupo de personas que se hallaban internadas en el Hospital Español, anegado aquella noche.

En tal sentido, se destaca que "la falta de esclarecimiento de estos casos -según se ha señalado oportunamente- guarda vinculación con el incumplimiento de las obligaciones normativas a cargo de las autoridades sanitarias y judiciales". Arias también cargó a la provincia las costas del proceso, unos 80.000 pesos en honorarios profesionales de abogados y peritos.

El juez ordenó al Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires que en un plazo de cinco días "consigne mediante una anotación marginal que deberá constar en cada una de las actas de defunción correspondientes a las personas" el carácter de "víctimas de la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata y sus alrededores, los días 2 y 3 de abril de 2013". También se obliga al Registro a rectificar actas, libros y constancias completados con datos inexactos como los vertidos en el caso del matrimonio de Raimundo Eliseo Aguirre e Irene del Carmen Arias Burgos, a los que se les adjudicaron una fecha y un horario de muerte erróneos. En esos casos, como en los de Fernando Mendoza y Feliciana Garay Ruiz, se instruyó la rectificación de los certificados de defunción.

Al mismo tiempo, remitió las actuaciones ante la Unidad Funcional de Instrucción de turno para que "investigue la posible comisión de delitos de acción pública".