Un grupo de vecinos del barrio Villa Martita, el más acomodado y elegante de Santa Rosa, en La Pampa, resolvió en asamblea que las empleadas domésticas o albañiles que quieran trabajar en sus viviendas deberán presentar un certificado de buena conducta emitido por la policía.


Fue al reclamar medidas para mejorar la seguridad, como más iluminación, limpieza de terrenos baldíos y una presencia policial más intensa.

Por Continental, Santiago Ferrigno, delegado del INADI en la capital provincial, alertó que el reclamo “tiene en sí mismo un preconcepto de discriminación”.

“La pregunta que cabe en estos casos es si estos mismos vecinos adoptarán igual criterio y la misma exigencia para con los abogados, médicos, arquitectos u otro profesionales que vayan a sus viviendas a cumplir una determinada función”, graficó en La Mañana.

“La respuesta es seguramente que no, por lo que se refuerza que hay entre los vecinos un preconcepto de que las personas que realizan determinados oficios pueden ser autores de un ilícito, es decir, hay un manto de sospecha hacia ellos y hay una estigmatización hacia las personas que realizan este tipo de trabajos”, denunció.

En resumen consideró “poco viable que la Policía otorgue un certificado solicitado por un privado sobre sus antecentes. Sí lo puede hacer ante el requerimiento de la justicia, pero tampoco corresponde que un particular solicite antecedentes sobre otro particular”.