El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina presentó el informe “Situación de la Infancia en el quinto año del período del Bicentenario. Por Continental, Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, consignó que en el último lustro alrededor del 80% de la infancia y adolescencia en la Argentina urbana forma parte del sistema de seguridad social. Ello fue posible por la ampliación del sistema con la implementación de la Asignación Universal por Hijo en el último trimestre de 2009, precisó en La Mirada Despierta.

El 21,5% de la infancia y adolescencia pertenece a hogares que tienen dificultades económicas para acceder a los alimentos, y en el interior de este grupo 8,4% registra privaciones alimentarias graves (alrededor de 950 mil niños/as y adolescentes). La cobertura de alimentación gratuita en comedores escolares y de la sociedad civil se ha incrementado de modo sostenido alcanzando una cobertura de 28,2%, con una adecuada focalización en los sectores sociales más vulnerables (40%).

Algo más de la mitad de la infancia y adolescencia en la Argentina urbana tiene como única opción la atención de la salud en el sistema público (alrededor de 5,8 millones). En este marco, se estima que 26% de la niñez y adolescencia no realizó durante 2014 un control de su salud y 47,5% no controló su salud bucal. La salud del niño/a sano también se ve vulnerada por las condiciones del hábitat de vida. En relación a la vivienda, si bien se registran mejoras en la calidad de la construcción de las mismas, en la disponibilidad de espacio para sus miembros y en las condiciones de saneamiento, en 2014 aún 17,7% de la infancia reside en viviendas precarias en la calidad de su construcción, 19,9% en situación de hacinamiento y 43,3% en condiciones inadecuadas de saneamiento.

A partir de las medidas indirectas de pobreza e indigencia (según el acceso a recursos económicos) se estima que en 2014 un 40% de la infancia y adolescencia urbana pertenecía a hogares por debajo de la línea de pobreza económica y 9,5% por debajo de la línea de indigencia. En estos indicadores se advierte una tendencia negativa desde el 2012. Mientras que la pobreza directa que se calcula a través del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) arroja un déficit de tipo estructural de 26,2%. Y, en este caso la tendencia es positiva como consecuencia de la mejora en algunos indicadores de la calidad de la vivienda y propensión al hacinamiento.

En la escolarización de los adolescentes aún existe un desafío de inclusión en la escuela secundaria (6,5% no asiste y 20,4% asiste con rezago educativo). Los niveles de déficit en estas ofertas educativas son más amplios en la educación primaria que en la secundaria, resumió Tuñón.