Una chica de 28 años fue a la Guardia del Hospital Fernández con un aborto en curso. Una doctora que sospechaba que el aborto había sido adrede la denunció; al otro día la trasladaron a una comisaría cuando todavía tenía pérdidas. La médica "violó innumerables derechos de la paciente y el secreto profesional", denunció Raquel Ascencio, coordinadora de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación.

Por Continental, el abogado Vadim Mischanchuk, que defiende a las médicas acusadas, objetó que "desde los medios esto se trató como un aborto, cuando no era un aborto en curso. Se considera aborto hasta la semana 20 o 22, después se considera un parto a término. No es un tema fácil para la comunidad médica. Hay que sacar este tema de la polémica "Aborto sí-Aborto no", porque los médicos actuando de la forma en la que los denunciantes dicen que se debió haber actuado son sometidos a un proceso penal por encubrimiento", subrayó en La Mañana.

"No hay una ley nacional con respecto a estas cuestiones, entonces se genera normativa de fallos de la Corte, de la Justicia nacional, protocolos locales que se contradicen hacen que al momento de resolver una situación los médicos duden y en algunos casos decidan dar intervención a la policía, lo que no significa que hayan hecho una denuncia", argumentó Mischanchuk.

"La denunciante es la legisladora Rachid, que enumera dogmáticamente una serie de derechos, pero no dice cómo esos derechos fueron lesionados", adujo el abogado de la Asociación de Médicos Municipales.