En un operativo de fiscalización sobre las 12 principales cadenas de supermercados instalados en la provincia, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) detectó irregularidades en las declaraciones de Ingresos Brutos sobre la comercialización de carnes en siete de ellas. Según informó Página/12, el resultado determinado es una evasión impositiva global de aproximadamente 1000 millones de pesos, que junto a los intereses y multas correspondientes arrojan un reclamo fiscal total del orden de los 1500 millones de pesos, del cual se notificará a las empresas este lunes.

Según informa dicho periódico, las cadenas comerciales que recibirán este lunes la notificación del reclamo fiscal por irregularidaes en la declaración jurada o liquidación del pago de Ingresos Brutos por el año 2021 son: Coto, Toledo, Makro, Jumbo, Carrefour, Changomás y La Anónima.

La fiscalización abarcó exclusivamente a las operaciones de 2021, pero ya detectada la irregularidad en las declaraciones y liquidaciones del impuesto, ahora se extenderá el operativo de control a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Y quedaría aun por ver cómo se liquidó el impuesto durante 2022, por lo cual no se descarta que la determinación de la deuda fiscal termine quintuplicando el reclamo que se notificará este lunes. Es decir, que en definitiva supere los 7000 millones de pesos.

A través del análisis y cruzamiento de información y datos de diferentes fuentes, ARBA había detectado diferencias importantes entre el volumen de carne que estimaba comercializado por las grandes cadenas de súper e hipermercados, y el impuesto a los ingresos brutos declarados por esa actividad. Esta primera conclusión surgida de la tarea de "inteligencia fiscal" del organismo recaudador bonaerense, dio lugar a la decisión de lanzar una "fiscalización acotada". esto es, dirigida hacia un objetivo concreto y, por lo tanto, de mayor celeridad en su ejecución.

A través de las fiscalizaciones, se pudo detectar una maniobra reiterada: se declaraba la venta de carnes en las cadenas de supermercados como ventas al por menor en locales destinados solo a ese fin (carnicerías). Pero una y otra actividad pagan tasas del impuesto diferentes: 2,5% del total de ingresos las carnicerías y el 5% las ventas de carne en grandes superficies. De las 12 cadenas fiscalizadas, se verificó que en siete de ellas se ejecutaba este tipo de maniobra evasiva. Ya fuera declarando "venta en carnicería" lo que en rigor era venta en establecimiento de grandes superficies, o directamente "confundiendo" la tasa en la declaración jurada: se aplicaba el 2,5% al total de ventas del rubro "Carnes" y se pagaba, de ese modo, la mitad de lo que correspondía liquidar por Ingresos Brutos.

Según Página/12, el diferencial de tasa tiene origen en un cambio en el régimen de comercialización de carnes que se implementó en 2017, buscando darle mayor transparencia a una actividad que justamente se caracteriza por su falta. Entonces, se estableció un sistema de percepciones del impuesto como pago a cuenta entre distintos eslabones de la cadena (faenadores, frigoríficos, distribuidores y carnicerías o supermercados). Para no encarecerle la actividad al eslabón más débil, se le bajó a la mitad (del 5% al 2,5%) la tasa de ingresos brutos a las carnicerías. Pero no a las cadenas de supermercados, precisamente como forma de alivio al más chico.

Sin embargo, la fiscalización que en la última semana concluyó ARBA revela que al menos siete cadenas de grandes superficies comerciales pretendieron hacer suyo el beneficio. La fiscalización acotada arroja una diferencia de alrededor de 1000 millones de pesos entre lo que debían pagar y lo efectivamente liquidado por las siete cadenas mencionadas. Para ARBA, "no hay justificación ni defensa posible, eso es evasión impositiva", aunque las cadenas intenten argumentar que la compraventa de carnes es una actividad "autónoma" dentro de cada centro comercial y por lo tanto le cabe el tratamiento de carnicería.

ARBA no sólo sostendrá el argumento a favor del reclamo fiscal, sino que además en los próximos días extenderá la fiscalización a los tres años previos: 2018, 2019 y 2020. "Es razonable pensar que en los años previos vamos a tener diferencias similares, y todavía falta ver qué pasó con las prácticas de evasión este año", indicó a este diario un allegado al operativo. Si la presunción de los administradores fiscales se cumple, la evasión a compensar, incluyendo intereses y multas, se elevaría por encima de los 7000 millones de pesos por las operaciones de 2018 a 2022, inclusive.