La Auditoría General de la Nación asegura haber hallado “irregularidades” en manejo de fondos de obras sociales a través de la Administración de Programas Especiales. El informe del organismo que encabeza Leandro Despouy detalla el manejo de distribución de fondos “entre 1999 y 2010” para financiar tratamientos para enfermos de sida, cáncer y discapacidad.

Agrega que “a través de la APE se realizaron pagos de prestaciones en nombre de beneficiarios fallecidos; se cobraron “prestaciones no recibidas por los beneficiarios identificados”; hay “expedientes con beneficiarios que no pertenecen a ninguna obra social”; se hallaron “pagos con troqueles falsos, por prestaciones no autorizadas y por medicamentos no aprobados”, así como “facturas de gastos falsas o desconocidas por el laboratorio emisor y pagos duplicados de una misma prestación”, reseñó por Continental Despouy.

En Magdalena Tempranísimo, puntualizó, asimismo, que “sólo diez obras sociales concentran el 65 por ciento del saldo de recupero”, y mencionó que fueron beneficiadas con un tratamiento de “discrecionalidad” las obras sociales de “camioneros, gastronómicos, UPCN y la UOCRA”.

Finalmente, Despouy anticipó que el informe “será elevado al juez federal Norberto Oyarbide”, que lleva adelante la megacausa por la llamada “mafia de los medicamentos”.