Ayer, el juez Claudio Bonadio efectivizó un allanamiento en el marco de la causa Hotesur, la firma hotelera que controla la presidente Cristina Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, y que está sospechada de ser utilizada para lavar dinero.
 
Otra vez, el operativo se realizó en la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula la actividad de las sociedades comerciales. El magistrado buscó allí documentación de carácter financiera de la firma sospechada, que podría dar alguna clave sobre la comisión del delito económico.
 
De acuerdo al diario Clarín, el procedimiento fue un allanamiento en los hechos, aunque la decisión haya adoptado formalmente el nombre de una "orden de presentación".
 
Bajo la sociedad Hotesur, los Kirchner gestionan su emprendimiento hotelero más importante, el Alto Calafate. Hasta 2013, ese negocio estuvo a cargo del empresario Lázaro Báez, acusado de haber alquilado por meses cientos de habitaciones del hotel que finalmente nadie ocupó. Se trata de un comportamiento muy habitual de los que pretenden blanquear dinero de fondos ilegales.
 
La empresa Hotesur es blanco de dos investigaciones. Por un lado, uno de los expedientes está en manos del juez en lo penal tributario, Javier López Biscayart, que analiza si hubo evasión de impuestos mientras Lázaro Báez se encargó de la administración del hotel. El otro expediente, a cargo de Bonadio, pretende desentrañar si la operatoria responde a maniobras de lavado de dinero.