La denuncia penal señala explícitamente que "han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín", e incluye en ese rubro a los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente, junto a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.


El abogado de Clarin, Hugo Wortman Jofre, explicó en "La Vuelta",  que "todas las personas mencionadas ahí (por la denuncia) lo que se está proponiendo es que vayan a la Justicia a dar la información que tienen".


El jueves, Clarín hizo la denuncia tras dichos públicos de funcionarios que señalaron que el diario "atenta contra la democracia" y está "detrás" de supuestos boicots contra Cristina Kirchner. La presentación se suma a la realizada el pasado jueves por el Grupo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar sobre la Ley de medios, que vence el 7 de diciembre.

La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva" por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

En tanto, el grupo de Héctor Magnetto señaló en su denuncia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone "como propagadores" de la "incitación a la violencia".

Respecto de los periodistas involucrados, el texto menciona opiniones expresadas por Russo y Caballero en su carácter de columnistas en pasajes del programa 6-7-8, y de Vicente en la transmisión de Fútbol para todos, pese que la denuncia, en sus fundamentos, reivindica paradójicamente "la libertad de opinión y expresión".

Sin dejar dudas, en el capítulo "Objeto" de la denuncia, el escrito firmado por Wortman Jofre y Alejandro Pérez Chada, declara su intención de "promover denuncia criminal contra los instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva", que según expresan "se verifica con claridad a partir de los dichos de periodistas y funcionarios".

Clarín menciona además en la difusión de expresiones que consideran como generadoras de violencia -aunque sin incluirlos al nivel de los tres anteriores-, a los periodistas Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca y Eduardo Jozami.

Además incluye a la agencia Télam, a la que atribuye "un comunicado", cuando en realidad se trató de un cable que reproducía una declaración del espacio Unidos y Organizados, alusivo a la protesta principios de octubre realizada por efectivos de la Prefectura y la Gendarmería.

La presentación judicial de Clarín sostiene que se intenta colocar a ese holding empresario "detrás de los reclamos" salariales realizados en octubre por la Prefectura y la Gendarmería, y de las protestas con cacerolas del 13 de septiembre y el 8 de noviembre.

El texto presentado a la Justicia por Clarín admite que la incitación a la violencia denunciada es "una figura de peligro abstracto", y utiliza un verbo en modo potencial para decir que según las expresiones de periodistas y funcionarios "mereceríamos algún tipo de reacción, de hecho o de derecho por parte de la ciudadanía o la administración de Justicia".