El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por la sustracción de recién nacidos a secuestradas embarazadas en la última dictadura cívico militar.

Por el mismo delito, fue sentenciado el último presidente de facto Reynaldo Benito Bignone a 15 años cárcel.

La justicia admitió que el robo de bebés durante la dictadura fue un plan “sistemático y generalizado” ejecutado por el terrorismo de Estado.

El Tribunal también condenó a la pena de 40 años de prisión a Antonio Vañek.

El ex marino Jorge Eduardo "Tigre" Acosta recibió una pena de 30 años de prisión, mientras que Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de cárcel.

El resto de las condenas fueron las siguientes:

Víctor Alejandro Gallo, apropiador, 15 años

Juan Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, 14 años

Jorge Magnaco, obstetra de la ESMA, 15 años

Inés Susana Colombo, apropiadora, 5 años

En cambio fueron absueltos el ex jefe de la Armada Oscar Franco y Eduardo Ruffo, ex miembro de la Triple A y agente de Inteligencia.

La sentencia fue en los tribunales de Comodoro Py, tras un año de audiencias. La lectura de las condenas estuvo a cargo de la presidenta del TOC N°6, María del Carmen Roqueta.

Al rechazar los planteos de “prescripción” de los delitos, los jueces remarcaron que los hechos juzgados conforman “delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad”.

Señalaron, además, que este mecanismo se produjo “en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus padres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la sociedad civil bajo el argumento de combatir la subversión implementando métodos de terrorismo de Estado”.

Casi al final de la lectura del fallo condenatorio, el tribunal elevó un pedido directo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que gire fondos que permitan digitalizar la información registrada entre 1975 y 1986 en los centros de salud de las fuerzas de seguridad.

En uno de los puntos finales, la jueza María del Carmen Roqueta mencionó: "Librar oficio a la presidente Cristina Fernández de Kirchner para que contemple la posibilidad de destinar una partida presupuestaria para digitalizar la documentación en el marco de la investigación" por el robo de bebés.

Puntualmente, el tribunal pidió que se realicen esas diligencias sobre "las historias clínicas y demás constancias instrumentales del Hospital Militar de Campo de Mayo y otros centros de salud pertenecientes a las fuerzas de seguridad" para facilitar las investigaciones en curso.

Además, el tribunal le pidió a la Presidenta que medie ante los gobernadores de las provincias ("se contemple la posibilidad de invitar" a los mandatarios) "para que adopten igual temperamento en los nosocomios" de las fuerzas de seguridad que funcionan en las órbitas provinciales.