La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García, junto a otros ex funcionarios, en el contexto del escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”. Sin embargo, la Cámara también instruyó a la jueza María Eugenia Capuchetti a ampliar la investigación respecto a la responsabilidad de aquellos individuos que recibieron las vacunas de forma privilegiada. Entre los mencionados se encuentran el ex Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia, así como el periodista Horacio Verbitsky, entre otros.

En el fallo, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens señalaron que la vacuna, destinada a un grupo selecto bajo criterios de utilidad y necesidad, fue administrada a personas que, por relaciones de parentesco o amistad, lograron eludir los procedimientos establecidos que debían aplicarse a la población en general. Este acto fue considerado como un desvío del propósito estatal, que debía estar orientado a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a la pandemia. Por lo tanto, se estableció que estos actos tienen implicaciones en términos de responsabilidad penal.

Los magistrados también hicieron hincapié en que algunos de los imputados intentaron desligarse de la responsabilidad atribuida. A pesar de que se presentaron argumentos que indicaban que se había superado el primer nivel de prioridad en la vacunación, los jueces sostuvieron que el procedimiento en el momento de los hechos continuaba siendo estricto. Existía un orden jerárquico que debía ser seguido y un protocolo riguroso que regulaba el acceso a la vacunación, resaltando que no todos podían vacunarse en cualquier momento.

El fallo indica que ciertos grupos de la población debían esperar su turno para recibir la vacuna, y aquellos que tenían derecho a hacerlo no podían acceder a la misma de manera arbitraria, sino que debían seguir las pautas establecidas. La recepción de la vacuna por parte de un grupo reducido de personas, en un contexto donde muchos otros debían aguardar su turno, ejemplifica una grave desviación de los procedimientos legales establecidos. A pesar de que algunos de los beneficiarios podían tener derecho a ser vacunados por su edad, la utilización de recursos para vacunarse en la comodidad de sus hogares o en centros habilitados específicamente para ello no se enmarca dentro de lo legal, según lo expuesto en el fallo.

La decisión de la Cámara Federal reafirma los procesamientos de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. A su vez, se resolvió desprocesar a María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas. Asimismo, el tribunal revisó los montos de los embargos, reduciendo la cifra que pesaba sobre el ex ministro de 130 millones a 20 mil millones de pesos.